Los sindicatos piden "depurar" responsabilidades por el concierto con el colegio María de Icíar

La crisis política desatada en la Consejería de Educación al conocerse que el Ministerio de Trabajo investigaba desde 1995 al colegio privado María Icíar, por una deuda de 83 millones con la Seguridad Social, ha asestado un duro golpe a la política de conciertos con centros de élite emprendida por el consejero Manuel Tarancón, quien además escogió este escenario para inaugurar el curso, pese a que algunos sectores lo tacharon de "provocación". Los sindicatos exigen que "se depuren responsabilidades", y Esquerra Unida pide la comparecencia inmediata de Tarancón en las Cortes.

La orden de embargo contra la subvención de 64 millones del colegio privado María de Icíar, que fue remitida a Educación por el Ministerio de Trabajo el pasado 22 de septiembre, ha activado el escándalo en torno a los ya de por sí polémicos conciertos con una decena de colegios de élite y vinculados al Opus Dei, que suponen un coste a cargo del Consell de 690 millones sólo para el primer cuatrimestre de 1999. La confusión en la Consejería de Educación, tras la publicación ayer de la información en EL PAÍS, era tal que la directora general de Centros, Concha Gómez, tuvo que salir al paso para tratar de explicar que la Administración ha actuado conforme a la normativa legal. "Nos piden un embargo a una empresa con la que nosotros no hemos concertado, ya que el colegio con el que ha llegado a este acuerdo Educación ha solicitado el concierto con un NIF diferente al del embargo, y no tiene ninguna deuda", justificó. La directora general reiteró que nada más concocerse el asunto se tomó la "medida cautelar de suspender cualquier pago", y remitió a los servicios jurídicos el caso. Sin embargo, el hecho de que el expediente de la investigación de la Dirección Territorial de la Tesorería de la Seguridad Social se remonte a 1995 y que los fuertes problemas de la sociedad limitada Colegio Icíar, que tutela la familia Rey de Arteaga, sean de sobra conocidos por auditores privados, lo mismo que el hecho de que se supiera que la plantilla docente desde hace más de cuatro años está cobrando con retrasos de varios meses y en forma de pagarés, complica la explicación oficial que trata de rebajar el asunto a "un engaño por parte de una empresa". La tesis de Esquerra Unida y de los tres grandes sindicatos de la enseñanza es antagónica a la versión oficial y camina en el sentido de que la Administración "ha tratado de reflotar la empresa con problemas económicos". "No puedo asegurarlo, pero creo que [la consejería] conocía de sobra los problemas económicos del centro", sugirió el portavoz de Educación de EU, Ramón Cardona. Para Cardona, el asunto demuestra que los conciertos se han realizado en base al "amiguismo y al favoritismo ideológico". El diputado manifestó que este caso "hace todavía más incomprensible la política de conciertos con centros de élite". En el mismo sentido, se pronunció Gonzalo Castillo, de FETE-UGT: "la empresa ha tratado de lavar una deuda privada con fondos públicos, lo cual es un fraude de ley en regla". En este sentido, manifestó que la Generalitat "adquiere una responsabilidad enorme con graves consecuencias, porque tenía que haber revisado toda la documentación y no puede escudarse en que la han engañado porque la ley no exime a la Administración de responsabilidades". Castillo recalcó que este asunto afecta directamente al Consell, puesto que "se ha vulnerado el reglamento que concede los conciertos, sobre todo en el tema de documentos a acreditar", ya que en su opinión lo más grave es que "se ha engañado no presentando la documentación adecuada ante la Comisión Provincial de Conciertos". Como primera medida, tanto UGT como el STEPV, que forman parte de la Comisión de Conciertos, pidieron ayer que se convoque a la comisión y se le den las explicaciones oportunas. Ambos coindieron con CC OO en que el caso se aborde "siempre sobre la base de que esas responsabilidades no pueden ir en perjuicio de los trabajadores del centro porque hay una inquietud en ellos". Todos coincidieron con Castillo en que la responsabilidad de Tarancón es "enorme" y cobra mayor gravedad ya que "fue él quien eligió este centro para inaugurar el curso y ya le advertimos que cometía un error político de enorme magnitud". Su obligación, añadió, "es dar la cara inmediatamente y, si no es él, el presidente Zaplana en las Cortes y donde proceda". CC OO precisó que hace tres días interpuso un recurso contencioso administrativo contra la orden de conciertos ante el Tribunal Superior de Justicia en el que solicita la impugnación de la orden de conciertos "en lo que en ella se hace referencia a aquellos centros que vienen aplicando prácticas selectivas a la hora de la matriculación, sobre todo las referidas al sexo", que se ampliará dada la magnitud del escándalo respecto al María de Icíar. Por su parte, Tarancón se limitó ayer a reiterar que no piensa dimitir por esto y adelantó que "modificará la normativa de conciertos" para que el próximo año el centro que quiera ser concertado acredite antes si tiene o no contraída deuda tributaria, entre los requisitos que se exigen.