El rechazo a los últimos llegados del Sur

,"¡Esto es la reconquista!". Así protestaba días atrás un vecino de la localidad de Els Hostalets de Balenyà (Osona) durante una reunión de vecinos con el responsable local de la policía autonómica. El motivo del encuentro no era otro que mantener un intercambio de impresiones entre la policía y los vecinos sobre diferentes cuestiones de seguridad de la localidad. Lo que se encontró el jefe de la policía fue bien distinto: insinuaciones racistas primero y expresiones claramente xenófobas más tarde. ¿El motivo? El ambiente "raro", según los vecinos, que se vive en la población desde que un edificio del pueblo se ha llenado de inmigrantes magrebíes que trabajan en las fábricas de la zona. Y es precisamente a este colectivo al que se le atribuye el creciente tráfico de hachís, de cocaína y algunos de los robos que se producen en la zona. A pesar de que el deterioro de la seguridad ciudadana es una de las acusaciones que se suele atribuir más frecuentemente a la inmigración, los diferentes cuerpos de seguridad niegan que haya una relación tan directa. "La delincuencia no ha aumentado, pero sí ha cambiado el perfil del delincuente", asegura un agente de los Mossos d"Esquadra. Este cambio de perfil respondería a las mismas diferencias que hay entre las clases marginales de la Cataluña actual y las de hace 10 o 15 años. Hace una década, la pequeña delincuencia estaba circunscrita a grupos de jóvenes inmigrantes de segunda generación cuyos padres habían llegado de otros puntos de España. Los problemas de adaptación y la falta de oportunidades los llevaron a la calle, algo parecido a lo que está ocurriendo con algunos inmigrantes del norte de África cuando, en lo que durante años fue su tierra prometida, solamente encuentran problemas y miseria. Pasar de la ilegalidad a la legalidad es algo más que un simple papel o cédula. Supone acceder a los servicios sociales, tener un seguimiento médico, poder quejarse y, sobre todo, pasear por la calle sin miedo a que un policía se fije demasiado en los movimientos de uno y lo pueda enviar a su país de origen mediante una orden de repatriación. No obstante, muchos municipios de Cataluña han recibido tal número de inmigrantes durante los últimos años que ya ninguna Administración se atreve a hablar de las cifras reales, o sea, del número total de inmigrantes, legales e ilegales. Datos recientes del Instituto de Estadística de Cataluña cifran en 132.671 el número de extranjeros con permiso de residencia que viven en la comunidad. Sólo hay que darse una vuelta por el campo de Lleida o por ciudades del entorno barcelonés para deducir que las cifras oficiales se quedan una vez más en agua de borrajas. Son muchos los ayuntamientos que creen que, en su municipio, sólo la mitad de los inmigrantes ha conseguido regularizar su situación en el país. El caso de Vic (Osona) es uno de ellos. Esta ciudad, con 30.000 habitantes, tiene unos 1.500 inmigrantes censados. No obstante, los servicios sociales de este Ayuntamiento trabajan con la certeza de que en el municipio hay más del doble. Algo parecido ocurre en la vecina localidad de Manlleu. Esta localidad fue noticia el pasado mes de agosto por el desgraciado hecho de que un matrimonio magrebí abandonó a su hijo de cuatro meses en la alcaldía de la población cuando le fue retirada la ayuda económica que recibía del consistorio. Aquello avivó, una vez más, el eterno debate entre los partidarios de las ayudas municipales para los inmigrantes y los que creen que a este colectivo ya se le ha ayudado demasiado. Fue precisamente este segundo grupo el que en las últimas elecciones expulsó de la alcaldía al socialista Ramon Sitjà, que había gobernado Manlleu durante los últimos cuatro años con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC). Su gran error fue, según ha reconocido él mismo, no saber explicar a la población las ayudas que su consistorio daba a los inmigrantes. Una hábil maniobra de Convergència i Unió (CiU) al criticar abiertamente la política de ayuda a la inmigración practicada por los socialistas de Manlleu dio una aplastante victoria electoral a la coalición nacionalista. Muchas personas que nunca habían votado al partido de Jordi Pujol lo hicieron en esta ocasión. "No podíamos votar a alguien que nos ha llenado el barrio de extranjeros", recordaba días atrás una mujer del barrio de L"Erm. Fue precisamente en este barrio donde más se notó el descalabro electoral de los socialistas, y no fue por casualidad. En L"Erm se concentra más del 80% de la población magrebí, que forma un importante gueto. Las características de este barrio no distan mucho de las de Ca n"Anglada, en Terrassa, donde el pasado julio hubo una explosión racista que terminó con graves enfrentamientos callejeros: un elevado índice de población inmigrada, pisos baratos y de dudosa calidad y un sentimiento de inseguridad entre sus habitantes. Ambos barrios se construyeron para hacer frente a la gran oleada de inmigrantes procedentes de otros puntos de España -en especial de Andalucía- en los años cincuenta y sesenta, muy pocos de los cuales siguen viviendo en el barrio. Integrados en Cataluña y con solvencia económica, se han comprado una vivienda en zonas mejores. Pero algunos de los que aún viven en el barrio son quienes más contrarios se muestran a la llegada de nuevos inmigrantes. "Nadie nos ayudó cuando llegamos, ¿por qué a los moros sí?", se pregunta indignada una vecina de Manlleu. A pesar de las muchas informaciones que aparecen en los medios de comunicación catalanes sobre supuestas agresiones racistas, la violencia no es frecuente ni siquiera en las calles de los barrios con más inmigración. Hechos como el incendio del pasado verano en Banyoles (Pla de l"Estany), que acabó con la casa de unos inmigrantes gambianos, pueden poner en duda esta afirmación, pero basta con hojear las estadísticas policiales para ver que la violencia no ha aumentado globalmente. Pero lo que ya nadie cree en las calles de Banyoles es que el incendio fuera "una gamberrada", como lo definió el consejero de Gobernación de la Generalitat, Xavier Pomés. Tampoco nadie entiende que la juez que instruye el caso haya podido paralizar la investigación asegurando que no hay motivos que permitan atribuir a nadie la autoría del incendio. Mientras, los inmigrantes gambianos que tuvieron que huir de su casa en llamas siguen esperando las ayudas prometidas. Los expertos apuntan que la vivienda es uno de los factores que más contribuyen a la formación de guetos y a agudizar los problemas de convivencia. Pisos viejos, baratos y con inquilinos que cambian cada dos por tres, un tipo de vivienda que acaba causando problemas de convivencia. Tanto el Ayuntamiento de Terrassa como el de Manlleu ya han anunciado que piensan sacar adelante un plan de esponjamiento de sus dos barrios más problemáticos. Se trata de ir vaciando los pisos a medida que se marchan sus ocupantes y promover la rehabilitación del barrio. ¿El problema? El dinero. Nadie sabe cómo el consistorio comprará las decenas de pisos que se irán vaciando en los próximos años.