El sueldo de los jueces

Sabemos de la unánime reivindicación judicial para un incremento de sus retribuciones en un 25%. Mucho escándalo farisáico ante tal petición. Algunos, por el hecho de que los jueces, que ocupan un lugar tan excelso en la organización política (son, cada uno, poder del Estado, último refugio del Estado de Derecho y la pieza que, si funciona, lo cierra...), pidan públicamente aumento de sueldo. Pero no conozco a nadie, en el sector público, que haya recibido aumento alguno, por justo y razonable que fuera, sin pedirlo; y el hacerlo de este modo llamativo debe ser consecuencia de que la petición directa y discreta no ha producido efecto alguno.Otros se han escandalizado por la alusión a la independencia judicial con tal motivo pecuniario. Y está claro que la independencia judicial es un principio constitucional, y un derecho y una obligación de cada juez, que no está vinculada al salario, y que un juez es independiente y debe comportarse como tal aunque le paguen poco; pero habrá que aceptar que la efectiva independencia y libertad de actuación de cualquier persona, y también de cualquier juez, necesita el sustrato de una independencia económica, que es lo que va en un salario digno y razonable.

Pero hay más: aunque no lo hayan dicho ahora, los jueces, como otros muchos ciudadanos, no pueden superar al jubilarse la pensión máxima conjunta a percibir de los sistemas públicos; y aunque los del Supremo ganen ahora una cantidad razonable el día de su jubilación sufren un empobrecimiento espectacular y se encuentran limitados a ese tope que ahora anda por las cerca de 300.000 pesetas mensuales, pongamos que una cuarta o quinta parte de lo percibido hasta el día anterior; por eso entre los jueces (y no sólo) la jubilación inexorable se ve con temor; y muchas personas, con objeto de mantener su nivel de vida anterior, o no muy inferior, tienen que recurrir al ahorro privado. Pero, dado que la judicatura no permite actividades complementarias que faciliten ese ahorro, éste habrá de salir forzosamente de su sueldo, para lo que es necesario que el sueldo sea razonable.

Pero la sociedad, que debe cuidar a sus jueces, por obvias razones, también tiene que recibir de ellos lo que de ellos, como colectivo e individualmente, se espera, el cumplimiento de la función constitucional a la que voluntariamente se han comprometido al aceptar esa condición. Ya es sabido que las causas del deficiente funcionamiento de la Justicia son muchas, y hay un Libro Blanco y mucha conversación sobre el asunto. Pero, por la parte que les corresponde, a cambio (sí, a cambio) de la subida de sueldo, los jueces se deben comprometer en algunas vías. La primera y más obvia es el trabajo, y muchos no son ejemplo de laboriosidad.

Otra es no sólo el trabajo, sino el buen trabajo. La mala actuación (por acción u omisión) de un solo juez produce consecuencias deletéreas en los afectados y en el conjunto. A ninguno se le puede pedir la perfección ni la infalibilidad, pero sí unos conocimientos profesionales razonables y un celo cuidadoso en el ejercicio de su función. Precisamente porque son un poder del Estado, porque las consecuencias, en su caso, de su desidia o errores son siempre muy graves para los justiciables, porque son la pieza de cierre del Estado de Derecho, algo tendrán que hacer, los jueces, para reducir el ámbito de lo socialmente poco deseable. Por ejemplo, muchos tribunales de apelación no sólo rectifican las decisiones de los órganos de instancia, lo que es normal y no debe producir a nadie escándalo. El derecho no es matemática. Pero esos tribunales u órganos de segunda instancia saben perfectamente que, en bastantes casos, la decisión que se les presenta a análisis no sólo es modificable, sino sencillamente impresentable, impropia de un órgano judicial, de un juez.

No estoy hablando de actuaciones judiciales delictivas, que tienen sus vías fijadas en las leyes penales; me refiero a que no es posible que la función judicial se ejerza dentro de la más generalizada irresponsabilidad personal por los gruesos errores y negligencias que, a veces, se cometen. Y nadie puede exigir esa responsabilidad desde fuera del ámbito de lo judicial. No voy a entrar en tecnicismos. Pero sí creo que, a cambio del sueldo que les corresponde, los jueces deben ofrecer el trabajo, bien hecho, que les corresponde. Y es una cuestión que sólo ellos, con sus diferentes instancias, niveles y órganos, pueden resolver; porque son independientes, pero no irresponsables.