El Gobierno del PP estudia un contrato con el despido más barato para la próxima legislatura

El Gobierno del Partido Popular estudia, de cara a la próxima legislatura, la creación de un nuevo contrato indefinido con cotizaciones a la Seguridad Social más bajas y una indemnización por despido rebajada a 20 días por año trabajado, según informaron fuentes próximas al Ejecutivo. También prevé nuevos estímulos fiscales para favorecer los planes privados de pensiones, medidas orientadas a descentralizar la negociación colectiva y un sistema de copago en la asistencia sanitaria para aminorar las cargas del Instituto Nacional de Salud (Insalud).

El contrato con un despido más barato es una de las medidas que baraja aplicar el actual Gobierno, si el PP resulta ganador en las próximas elecciones generales, para fomentar el empleo estable, y con la perspectiva de rebajar la tasa de paro al 10% de la población activa (actualmente se encuentra situada en el 15%) en los próximos cuatro años, siempre y cuando se mantenga el actual ritmo de crecimiento económico. No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo, que dirige Manuel Pimentel, aseguraron que "no tocarán absolutamente nada" en materia de contratación, al menos, hasta que no concluyan los Acuerdos Interconfederales para la Estabilidad en el Empleo (AIEE), vigentes desde 1997 hasta el 2001.En la actualidad existen dos tipos de indemnizaciones por despido improcedente. Por un lado, la legislación establece una indemnización de 45 días de salario por año, con un máximo de 42 mensualidades, y por otro, una indemnización de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades, en los casos de contratos indefinidos que estén acogidos a las bonificaciones estipuladas para el fomento de la contratación estable, según la Reforma Laboral de 1997.

El nuevo contrato contaría con rebajas de las cotizaciones empresariales, tal y como ocurre en la actualidad con los contratos incentivados por la Reforma de 1997 para determinados grupos de trabajadores, como los mayores de 45 años, los jóvenes y las mujeres. En el terreno laboral, el Ejecutivo podría estudiar otro tipo de medidas como las orientadas a descentralizar la negociación colectiva, a través de cláusulas de descuelgue voluntario o la eliminación de la vinculación de los convenios superiores.

En cuanto al ámbito de la protección social, el Gobierno prevé nuevos estímulos fiscales para favorecer los planes de pensiones. Este producto de ahorro goza actualmente de un pago fiscal diferido, ya que los beneficiarios se desgravan todos los años por las aportaciones que realicen y sólo pagan impuestos en el momento de recibir las prestaciones. La reducción de la base imponible en el IRPF se encuentra en estos momentos en el 20%, con un límite de 1,1 millones de pesetas, a excepción de los planes a favor de minusválidos, cuyo límite se encuentra en 2,2 millones.

El Ejecutivo efectuará algunos retoques en el nuevo IRPF, de cara a la rebaja generalizada del impuesto que se está produciendo en gran parte de los países de la Unión Europea. Los retoques podrían venir en la línea establecida por el texto legal que entró en vigor el 1 de enero de 1999, en la que se fijaba una reducción de los tipos máximos de gravamen y del número de tramos del impuesto.

Además, el Ejecutivo está interesado en revisar el sistema de financiación autonómica hacia una mayor corresponsabilidad fiscal y en endurecer los límites al endeudamiento. Otra de las vías de trabajo es una modificación de la Ley del Suelo que supere las salvedades expresadas por el Tribunal Constitucional. En Sanidad, podría establecer un sistema de copago en la asistencia sanitaria para aminorar las cargas del Insalud.