El debate más viejo del mundo

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, abogó el pasado jueves por regular la prostitución. En 1984 planteó una idea similar Juan Barranco, ex alcalde socialista. El actual regidor de la capital, José María Álvarez del Manzano, del PP, (quien acaba de descartar el proyecto de acondicionar una zona de la Casa de Campo para el oficio más viejo del mundo) afirmó el viernes que hace ocho años él también quiso regularlo. El debate para considerar la prostitución como un trabajo reconocido por la Seguridad Social se está abriendo paso en Europa con desigual resultado: en Suecia, por ejemplo, ha entrado este año en vigor una ley que protege socialmente a las prostitutas y que, curiosamente, penaliza con multas a los clientes que demanden sus servicios.Por otra parte, los tratados internacionales firmados por España para erradicar las diferentes formas de violencia ejercida contra las mujeres hacen inviable una normativa que regule la prostitución sin que previamente se erradique a los proxenetas. Sin embargo, en la Casa de Campo el comercio sexual está controlado por redes de tráfico de personas que introducen en España a inmigrantes ilegales con la promesa de un trabajo estable. En este contexto, la propuesta del presidente regional ha suscitado críticas y cautela en los colectivos que trabajan por las mujeres.

"Nos parece muy bien que el presidente haya empezado a reflexionar sobre el oficio más viejo del mundo, pero lo primero que hay que hacer es aclarar el discurso y saber de qué estamos hablando", dice Ángeles Díaz, presidenta del Consejo de la Mujer. "Yo creo", continúa, "que lo que quieren es tapar el problema; no estamos a favor de los guetos que ocultan lo que no gusta a la sociedad. Por muchas alfombras que pongan, muchas duchas y muchos lujos, al final esas mujeres están haciendo lo mismo: vender su cuerpo".

"Qué casualidad que sean siempre los hombres los que se plantean regularizar la prostitución", apunta la ex ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández, portavoz adjunta del grupo municipal socialista y diputada nacional. "A mí me repele eso de regularizarlas, las mujeres no desean vivir de la prostitución. Es una salida por la que optan ante la ausencia de otras". Por ello, Fernández reclama medidas de prevención. Y añade: "En el presupuesto del Ayuntamiento se destina una cantidad ridícula, 150 millones, para la atención a las prostitutas mediante convenios que duran tres y cuatro años".

"Parece que la prostitución de la Casa de Campo ha surgido por emanación espontánea", resalta Inés Sabanés, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid. "Los responsables del PP sólo hablan de las mujeres y no de los clientes, cuando la realidad es que la derecha siempre ha favorecido ese tipo de comercio. Hay que ir necesariamente a una visión estatal que proteja a las mujeres que denuncian las redes de tráfico", concluye.

La abogada María José Varela explica, por su parte: "No hay ninguna otra tarea que afecte tanto a la integridad del yo como el ejercicio de la prostitución. Recuerdo que una mujer que trabajaba con clientes de clase alta me decía que lo peor de los hombres no es cuando se acuestan, es cuando se levantan: te echan una mirada que te denigra. La prostitución es el machismo en su máxima expresión", remacha.

Partiendo de esa premisa, esta letrada mantiene que la actitud frente a la prostitución debe ser de "tolerancia con las mujeres, que sufren sus consecuencias, y de intolerancia con los clientes", que son, en definitiva, "el motor de ese mercado". Por ello, Varela vería bien una normativa que, como la sueca, multe a los clientes. "Las prostitutas constituyen un sector social tan frágil que cuando las violan, los jueces archivan la denuncia; su palabra no es creíble, aunque ante la ley son iguales a otras mujeres", dice Varela, miembro de la Asociación de Mujeres Abogadas y Juristas Themis. Amalía Gómez, del PP, y secretaria general de Asuntos Sociales, eludió pronunciarse sobre la propuesta de Ruiz-Gallardón.