Dos marroquíes claman su inocencia

Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi han solicitado formalmente al Tribunal Supremo que revise tres condenas dictadas contra ellos para demostrar que jamás cometieron los diversos delitos de robo, detención ilegal y violación por los que están condenados a penas que suman 75 y 105 años de prisión, respectivamente. Ambos están encarcelados desde 1991 en la prisión barcelonesa de Brians y aseguran que desde que se dictaron esas sentencias han aparecido nuevos datos que avalan su inocencia.Por eso, y porque ya existe un precedente anterior, reclaman del Tribunal Supremo que ordene la práctica de diversas diligencias para probar su inocencia. El mismo Tribunal Supremo ya les dio parcialmente la razón en 1997, cuando les absolvió de sendas penas de 51años de cárcel por violar, robar y secuestrar a una pareja en noviembre de 1991 en la localidad barcelonesa de Olesa de Montserrat. La prueba del ADN, reclamada por sus abogados, logró demostrar su inocencia, pese a la firmeza de la sentencia. Antonio García Carbonell fue juzgado la semana pasada en la Audiencia de Barcelona y reconoció los hechos por los que habían sido condenados los marroquíes.

Sus abogados aseguran que ese caso es sólo la punta del iceberg, y admiten que en los casos por los que cumplen condena sus clientes no existen restos de ADN por analizar, pero sí una serie de datos o indicios que hacen dudar seriamente de que los dos encarcelados sean culpables. Esos mismos datos son los que llevaron el pasado mes de abril al fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, a solicitar del Gobierno el indulto de los dos marroquíes. "No es lo mismo ser perdonado que ser declarado inocente. Queremos la rapidez de la justicia, pero si eso comporta una mala instrucción, preferimos la lentitud", asegura Xavier Castellvell, abogado de Mounib.

Uno de esos nuevos datos es que las víctimas coincidieron en indicar la matrícula de un Renault 5, utilizado por sus agresores, que seguía en circulación tres semanas después de la detención de Mounib y Tommouhi y con el que se cometió un robo. La policía montó un dispositivo, pero su ocupante logró huir pese a realizarse varios disparos intimidatorios. Su descripción coincidía plenamente con la que relataban las víctimas. Los abogados recuerdan también que en una de las causas en las que estuvo implicado Mounib, los peritos, no de parte, afirmaron que éste no podía realizar un coito si no era con el consentimiento de su pareja debido a la enfermedad que padece en un testículo.

Tommouhi, además, nunca ha hablado castellano, el idioma en el que, según las víctimas, se expresaban los agresores, que les sorprendían en los descampados cuando intimaban en los vehículos. A continuación les obligaban a salir a punta de pistola o golpeándolos con objetos contundentes, violaban a la chica en presencia de su novio, les robaban y huían.

Otro dato que avala el supuesto error judicial, según los abogados, es que poco antes de realizarse la rueda de reconocimiento, Tommouhi fue visto esposado en los pasillos de los juzgados de Terrassa por las víctimas que habían sido citadas para realizar esa prueba. Ese detalle fue observado por un agente de la Guardia Civil que ese día acudió a los juzgados a realizar unos trámites burocráticos y a quien la casualidad hizo que años después se le encargase la redacción del informe que sirvió al Tribunal Supremo para revisar el caso y ordenar la prueba del ADN que exculpó a los marroquíes.

Ese mismo agente ha realizado posteriormente por su cuenta, y fuera de su horario laboral, otro informe en el que llega a la conclusión de que los marroquíes "podrían no ser" los autores de las violaciones por las que están condenados. Ese es uno de los documentos que los abogados de dos marroquíes reclaman del Tribunal Supremo que solicite para demostrar la inocencia de sus clientes. Otra de las pruebas solicitadas es que se comparen las fotografías de Tommouchi y García Carbonell porque, cuanto menos, ambos se parecen como un gemelo a otro.

"Ésta es una página muy negra de la justicia española y, tarde o temprano, el Estado deberá responder de la incompetencia de algunos de sus funcionarios", afirma Jordi Claret, uno de los abogados de Tommouhi.