El fiscal eleva la petición de cárcel para Conde de 35,5 a 49,5 años en el 'caso Banesto'

El fiscal y las acusaciones del caso Banesto solicitaron ayer una elevación de penas para los acusados Mario Conde y otros implicados al presentar sus conclusiones definitivas en la sesión del juicio oral que se desarrolla en la Audiencia Nacional. El fiscal pide una pena de 49,5 años de prisión para Conde al acusarle por dos estafas adicionales y modificar su calificación en otros delitos, lo que suma 14 años sobre la petición inicial. Romaní, por el mismo efecto, se enfrenta una petición de prisión de 42,5 años, 18 más que al principio. También pide que indemnicen con 192.500 millones al Fondo de Garantía.

A las 16.43 horas de ayer, el oficial de la sección primera de la sala de lo Penal convocó a los acusados y sus defensas. Inmediatamente, decretó: "Audiencia pública". Los estrados de las acusaciones se llenaron, sin hueco, como nunca lo estuvieron en el último año de juicio. Los de las defensas lucieron algo más apretados, aunque, lógicamente, siempre han estado concurridos. Entre el público había muchos medios de comunicación, algo inusual en este maratoniano juicio oral que estará visto para sentencia al cumplir, el próximo 1 de diciembre, dos años exactos.El presidente del tribunal, Siro García, pidió a las acusaciones un breve resumen de sus conclusiones, caso de sufrir modificación. Tocó al fiscal Javier Sánchez Junco abrir el turno. Fueron cinco o seis minutos equivalentes al de una máquina apisonadora. Sin leer los papeles, el fiscal enumeró las modificaciones que se han introducido en la calificación inicial que en su día, el 20 de mayo de 1996, firmó el entonces fiscal de la instrucción, Florentino Orti. No puso números, en su breve informe oral, a las penas solicitadas. En el escrito definitivo, que entregó ayer, se solicita 49,5 años de prisión, según el Código Penal de 1995, frente a los 35,5 años solicitados inicialmente.

Es sobre Arturo Romaní en quien recae el mayor aumento de penas solicitadas, ya que pasan de 24,5 a 42,5 años, siempre de acuerdo con el Código Penal de 1995. Su única diferencia con Conde es que mientras éste es acusado por ocho operaciones, Romaní lo es por siete. Romaní no está acusado en la operación Retirada de Caja de 300 millones, de la que se considera único responsable a Conde.

Las nueve operaciones enjuiciadas y desmenuzadas en el escrito del fiscal y otras acusaciones son: 300 millones (apropiación indebida); Cementeras (apropiación indebida o estafa continuada); Carburos Metálicos (apropiación indebida); Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor (estafas simples); Isolux (estafa continuada); Promociones Hoteleras (estafa simple); Operación locales (apropiación indebida) y artificios contables (falsedad).

Decomiso

Otros acusados, como es el caso de Rafael Pérez Escolar, han sido, en la calificación del fiscal, excluidos de los artificios contables, habida cuenta que el acusado, siendo consejero de Banesto, nunca formó parte de la comisión ejecutiva de la entidad. Aunque decae la acusación por falsedad, la pena solicitada para Pérez Escolar, al sufrir retoques toda la calificación, es, según el Código Penal de 1995, de 18 años, en lugar de los 17,5 que se le pedía inicialmente. Fernando Garro, ex director general, es acusado de estafa (Centro Comercial Concha Espina) y de apropiación indebida de 1.500 millones (locales), por lo que se solicita 13 años, según el código de 1995.

La nueva calificación del fiscal mantiene prácticamente las penas solicitadas por falsedad en las cuentas y artificios para Enrique Lasarte, ex consejero del banco; Ramiro Nuñez, ex secretario del consejo; y Juan Belloso, ex consejero delegado. Para los tres se solicitan 4,5 años de prisión. La nueva calificación supone para Eugenio Martínez Jiménez una rebaja en las operaciones Isolux y Promociones Hoteleras, ya que se le pedía 13 años de prisión, mientras que ahora la pena es de 11 años. Para el financiero Jacques Hachuel se solicita, en Carburos Metálicos, seis años. Y, finalmente, el fiscal pide para Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges 11 años para cada uno (Operaciones Promociones Hoteleras e Isolux). El fiscal también solicita que Conde, Romaní, Pérez Escolar, Belloso, Núñez y Lasarte paguen una indemnización de 192.500 millones de pesetas al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por los daños causados.

Aunque ayer no hizo referencia a ello, pide asimismo el comiso de las propiedades de los acusados. En el caso de Mario Conde, se refiere principalmente a las fincas del ex banquero en Ciudad Real (La Salceda) y Sevilla (Los Carrizos de Castilblanco). El fiscal entiende que las sociedades que tienen el título de propiedad de esas fincas (Asebur Inversiones, propiedad de la suiza Kaneko, y las holandesas Ge.so.co y Asuma) son empresas tapadera del propio Conde. También en los casos de de Romaní y de Garro se solicitan idénticas medidas.

Las defensas de los acusados tienen un plazo de 14 días, idéntico al otorgado al fiscal y a las acusaciones, para presentar sus escritos de descargo, el próximo 7 de octubre, en una sesión parecida a la de ayer, donde serán resumidos los argumentos. Aunque aún está pendiente de resolver, fuentes jurídicas señalaron ayer que hacia el 14 de octubre podría dar comienzo la exposición oral de conclusiones. Los fiscales López Sanz y Sánchez Junco, por ejemplo, ocuparán como mínimo cinco tardes para ilustrar a la sala con sus conclusiones. Lo que restará de octubre y noviembre, para acusaciones y defensas.

Los dos fiscales del caso, Luis López Sanz y Javier Sánchez Junco, cogieron la recta final para acabar el escrito de conclusiones a finales del pasado mes de julio. Todo el mes de agosto y la primera quincena de septiembre la dedicaron a depurar errores, confirmar fechas y corregir la formulación de lo que consideran los hechos probados. Fuentes jurídicas señalan que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, como era lógico, siguió de cerca el trabajo de sus colaboradores. El texto de 225 folios se refiere a los hechos ya abordados en el escrito de calificación inicial, de mayo de 1996, redactado por el entonces fiscal del caso, Florentino Orti. Pero de la lectura de ambos informes surgen unos hechos que sólo han podido emanar de un juicio oral que ha dado de sí mucho más de lo que podía esperarse. La narración de los fiscales López Sanz y Sánchez Junco -la redacción es conjunta, esto es, ambos han elaborado punto por punto en común- se enriquece con muchos matices que sólo la confrontación en juicio oral es capaz de ofrecer.Lo esencial y lo accesorio

No hay referencia a declaraciones en el juicio, ni a pruebas practicadas. El tableteo de los hechos fluye con precisión y de manera sucinta. Lo esencial gana frente a lo accesorio; la hojarasca cede paso a los hechos principales. Lo que los principales protagonistas de esta historia sostienen como argumento, a saber, que las operaciones enjuiciadas son actividades mercantiles relativamente normales, aparecen, bajo la prosa de los fiscales, como operaciones fraudulentas.

Los fiscales sólo se apartan del clásico escrito de calificación al abordar, aparte, a modo de anexos, un capítulo sobre las sociedades de los principales acusados, en España y en el extranjero (en particular en Suiza, Liechtenstein y Holanda). También analizan separadamente, a modo de ilustración, los movimientos en el extranjero de fundaciones como Melvin, que reunió como beneficiarios a cuatro de los acusados: Conde, Romaní, Gómez de Liaño y Sitges.

El trabajo ha exigido una paciente disección, un cruce de información a partir de las declaraciones de acusados, testigos y pruebas documentales ingentes. Ese trabajo, por así decir, no se subraya explícitamente en el escrito de conclusiones, pero el seguimiento del juicio oral, en su vertiente testifical, pericial y documental,permite hacerse una idea del mismo.

El arma principal de las acusaciones, pues, ya está lista. Hay que ver ahora si la defensa es capaz de neutralizarla.