El Insalud ha repartido más de 6.200 tarjetas sanitarias entre los hijos de inmigrantes indocumentados

El Insalud ha repartido más de 6.200 tarjetas sanitarias entre los hijos de inmigrantes indocumentados desde el pasado mes de febrero. Más del 76% de las solicitudes, todas satisfechas según el organismo, corresponden a Madrid, donde 4.764 de estos menores de edad consiguieron la identificación que les abre las puertas de los hospitales de la red pública.El elevado número de solicitudes significa que los inmigrantes sin papeles han superado el recelo que tenían a solicitar la tarjeta sanitaria para sus hijos por miedo a revelar su situación ilegal, explicó a Europa Press el director general de Atención Primaria y Especializada, Rafael Matesanz. El Insalud garantiza la confidencialidad de los datos de los pacientes y de sus padres y, por tanto, no pueden ser empleados para, por ejemplo, decretar su expulsión del país.

Las mayoría de las tarjetas se concentran donde lo hacen los inmigrantes. Por detrás de Madrid, aunque muy lejos, se sitúa Murcia (con 234 tarjetas), donde hay un importante colectivo de extranjeros que trabaja en el campo, algunos en situación irregular; seguida de Aragón, con 224, y Castilla-La Mancha, con 220. Las otras seis comunidades que forman parte del territorio Insalud, las que aún no tienen transferidas las competencias sanitarias, entregaron menos de 200 tarjetas cada una. Casi el mismo número que en la ciudad de Melilla (196 tarjetas).

La comunidad menos efectiva en este sentido ha sido Extremadura, donde sólo se entregaron 29 identificaciones. Centenares de emigrantes, que viajan con sus hijos, acuden a trabajar en el campo extrmeño cada temporada. Sin embargo, muchos de ellos son portugueses y, por tanto, ciudadanos de la UE que tienen garantizada la atención médica.

La decisión del Insalud de entregar la identificación sanitaria a todos los inmigrantes menores de 18 años cuyos padres o responsables lo soliciten, incluidos los que llegaron a España de forma ilegal, fue tomada a principios de este año, después de que la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid detectara una decena de casos de menores que habían tenido problemas para recibir asistencia sanitaria en varios hospitales públicos de la ciudad.