Los jueces condenan la carga policial durante la visita de Aznar a la Universidad en Barcelona

La carga policial que el pasado 14 de enero reprimió una manifestación de protesta con motivo de la visita del presidente José María Aznar al Centro Nacional de Microelectrónica, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), fue "desproporcionada" porque "obstaculizó" el derecho de los estudiantes a la libertad de expresión y vulneró su derecho de reunión. Así se expresa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una sentencia que da la razón a la universidad y censura lo que considera "un ejercicio asimismo desmedido de las potestades públicas".

La actuación policial para disolver la manifestación que protagonizaron 200 estudiantes se saldó con 19 heridos: 11 estudiantes, un profesor, dos empleados y cinco agentes. Las imágenes que proporcionó la televisión y demás medios informativos causaron una profunda indignación social al comprobarse la desproporción utilizada para reprimir la manifestación, pues los agentes lanzaron numerosas balas de goma y botes de humo. Todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, coincidieron en solicitar la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas.Ésta negó que la policía accediera al campus, pero diversas fotografías corroboraron que la persecución contra los manifestantes llegó hasta el corazón de la Facultad de Filosofía y Letras y que la policía acorraló a los manifestantes. El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, compareció en el Congreso a petición del PSOE y reconoció que hubo una falta de previsión. La Universidad Autónoma acabó declarando a Aznar y García Valdecasas personas non gratas.

El mismo día de los hechos, el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carles Solà, acudió al juzgado de guardia de Cerdanyola del Vallès para denunciar los hechos, lo que motivó la apertura de un proceso penal que ya ha sido archivado. Al mismo tiempo, se acudió a la vía contencioso-administrativa de la justicia para denunciar que la actuación policial vulneró diversos derechos constitucionales, como el de la autonomía universitaria, el honor, la intimidad personal, la propia imagen, la inviolabilidad de domicilio o la libertad de expresión.

La sentencia, que se hizo pública ayer, recuerda que "las autoridades académicas" supieron la mañana del día 12 de enero que Aznar acudiría posiblemente al Centro Nacional de Microelectrónica, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, a unos 25 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, la confirmación oficial de la visita no llegó hasta el mismo día 14. Por ello, afirma la Sala, "mal podían conocerla [la visita] los estudiantes para cumplir con la antelación requerida" en la ley de 1983 que entonces regulaba el derecho de reunión.

Comunicación previa

Esa ley establecía que los organizadores de manifestaciones debían anunciar a las autoridades su celebración con una antelación de entre 10 y 30 días o, si existen causas extraordinarias, con un mínimo de 24 horas.

Siguiendo este razonamiento, la sentencia explica que aunque tal reunión estudiantil "(...) no se ajustara a las exigencias legales de comunicación previa a la autoridad gubernativa, ello no era razón bastante para arbitrar medios desproporcionados para obstaculizar su normal desarrollo". El ponente de la sentencia, Emilio Berlanga, precisa que esa desproporción policial "equivalía ya en sí, a un desconocimiento de lo que la libertad de expresión, en su ejercicio a través del derecho de reunión, comporta en un sistema democrático".

Pese a esta contundencia de la sentencia judicial, fuentes del Gobierno citadas ayer por la agencia Europa Press afirmaban que la resolución es "sólo declarativa y no tienen ningún efecto jurídico".

Las mismas fuentes consideran que "sólo entiende lesionado" el derecho de reunión de los estudiantes y desestima la lesión de los demás derechos constitucionales que reclamaba la universidad.

El Gobierno también subrayaba ayer que la sentencia desestima la petición de 150 millones de pesetas en concepto de daños morales que reclamaba la Universidad de Barcelona por la actuación policial.

Los jueces han sentenciado sobre este tema que "ni los daños materiales alegados han sido siquiera tratados de acreditar en el proceso; ni los daños morales pueden predicarse como producidos a una Universidad, cuyo prestigio intelectual, aun logrado en cortos lustros de vida, está muy lejos de poder ser mancillado por eventos como los reseñados en este proceso".

Por otra parte, el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Josep Lluís Carod-Rovira, solicitó ayer al ministro del Interior y a la Delegada del Gobierno en Cataluña que asumieran sus responsabilidades políticas por esta sentencia. En su opinión, el fallo "da la razón" a los que pensaban que la policía "se aplicó con un exceso de celo y una desproporción inaceptables en un Estado de Derecho". Carod-Rovira considera que los hechos sucedidos "no son sólo imputables a una falta de previsión", como aseguraron en su día Mayor Oreja y García Valdecasas.