Los avalistas del PGOU de Marbella niegan que usaran el sello de Derecho

Los dos abogados que avalaron la revisión del PGOU de Marbella negaron ayer haber estampado en sus informes el sello de la Universidad de Málaga (UMA). En las copias que poseen las delegaciones de Obras Públicas y Medio Ambiente de Málaga no figura el tampón. La portavoz de Los Verdes, Inmaculada Gálvez, dijo ayer que los documentos donde aparece el sello son los que le llegaron de Sevilla después de que el alcalde, Jesús Gil, presentase un recurso Obras Públicas por echarle atrás el plan.

"En mi vida he pedido un aval a la UMA", manifestó Tomás Ramón Fernández, en cuyo informe del 28 de julio de 1998, que obra en poder de Gálvez, aparece el tampón del departamento de Derecho Administrativo de la Universidad. Y añadió sorprendido: "Yo se lo entregué al Ayuntamiento con mi firma y en el papel de mi despacho, nada más". En idénticos términos se pronunció el segundo letrado, Ramón Carlos Pelayo. "Es la primera noticia que me llega. Yo no tengo ninguna relación con la UMA y fue un trabajo que realicé a título privado", comentó en relación al documento fechado el 9 de junio de 1998. El delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, confirmó que en las copias de los informes que le envió Gil a raíz de la querella presentada contra la Comisión de Urbanismo por la resolución del 20 de julio de 1998 que le vetaba el PGOU no aparece el sello. Tampoco en la documentación que mandó Gil cuando defendió frente a la Delegación que la Ley Forestal no le impedía recalificar 1.100 hectáreas. "Los sellos de la UMA ni figuran ni han figurado nunca en esos informes", aseguró el delegado de Obras Públicas de Málaga, Carlos Morales en relación a las copias que obran en su poder y de las que desconocía si fueron presentadas con anterioridad o no a la resolución de urbanismo. La portavoz de los Verdes, sin embargo, aseguró que las copias que obran en su poder no provienen de Málaga sino que se las envió Sevilla por ser parte interesada en el recurso presentado por Gil contra Vallejo. Dijo que la documentación le llegó entre finales de agosto y principios de septiembre de 1998 para presentar las alegaciones en un plazo de 10 días como abogada de la Plataforma Contra la Revisión del PGOU. De ser así, no sería posible que las copias se manipulasen en el curso de doctorado organizado en noviembre pasado por Ángel Sánchez Blanco, catedrático de Administrativo de la UMA, que alegó esa posibilidad el jueves. Sánchez Blanco participó con los autores de los informes en las jornadas de Urbanismo que organizó Gil para respaldar sus tesis.