Interior se reunió en julio con la ministra de Justicia y Cardenal para pactar los criterios sobre la "kale borroka"

Javier Balza acudió ayer a su primera comparecencia en la comisión de Interior tras las vacaciones para enfrentarse a dos asuntos viejos. La polémica suscitada desde la Audiencia Nacional el pasado 23 de junio por una supuesta falta de colaboración por parte de la policía vasca, al negarse a remitir atestados a este tribunal, fue negada de plano. Balza, que acudió junto al viceconsejero Mikel Legarda, negó la mayor y se enfrascó en una intervención que comenzó con tono de clase de Derecho procesal y finalizó con una retahila de flores al "buen hacer" de la Ertzaintza en la catalogación de lo que es y no es "terrorismo urbano". El consejero de Interior reveló que el pasado 8 de julio, él y Legarda se reunieron con la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para reconducir el asunto. El objetivo era fijar una serie de criterios para definir qué juzgados son competentes (los de origen o la Audiencia Nacional) para investigar e instruir las causas de violencia callejera y en qué casos la Ertzaintza debe remitir los atestados a una o a otra instancia, criterios con los que ya se funcionaba desde 1997. Junto a las caracteristicas del artefacto y los daños ocasionados, se valoraba también el riesgo real para las personas y el nivel organizativo de los responsables. En la reunión de julio, posteriormente ampliada con una conversación telefónica entre Balza y Cardenal el día 28, ambas partes concluyeron que existe un "problema interpretativo" que debe resolver el Tribunal Supremo y que la Ertzaintza está capacitada para valorar dichos criterios y decidir a qué instancia judicial enviar los casos. El debate viene de lejos, en concreto desde la reforma del Código Penal de 1995. Entonces se amplió, en el artículo 577, los supuestos de terrorismo para incluir los sabotajes. El Supremo se ha pronunciado en dos ocasiones, en un conflicto negativo de competencia, en febrero y mayo de 1997, entre juzgados de instrucción vascos y Audiencia Nacional. En el primero se valoraba que, "según las circunstancias, este tipo de actos podían ayudar a los intereses de ETA, y en el otro auto se ordenaba expresamente a los juzgados vascos a investigar los casos de kale borroka, hasta comprobar si son o no delitos de terrorismo. Balza matizó que "en los meses que llevo como consejero, ningún juzgado se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional". El otro tema , el derecho de la Ertzaintza a realizar persecuciones en caliente en Francia acabó con una batería de reproches a los socialistas por no haber incluido a la policía vasca entre las fuerzas policiales con capacidad para realizar este tipo de actuaciones cuando se firmó la adhesión española al Tratado Schengen. "Este gol se lo metió al Estatuto su partido y su Gobierno" le espetó al socialista Víctor García, "Ustedes hablan del Estatuto, pero olvidan que nuestra policía es integral".