El Ayuntamiento de Estepona denunciará ante la Cámara de Cuentas su contabilidad del año 1997

El Ayuntamiento de Estepona enviará a la Cámara de Cuentas de Andalucía el ejercicio de 1997, ante las deficiencias detectadas en la contabilidad del consistorio cuando todavía era presidido por Jesús Gil Marín. La decisión fue acordada por la comisión especial de cuentas, que se reunió ayer por primera vez en más de dos años, y tendrá que ser aprobada en pleno. "El informe de la intervención sólo viene a constatar lo que hemos venido denunciando: que las empresas municipales eran utilizadas para escapar a todo mecanismo de fiscalización", manifestó el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano. El informe, fechado en mayo de 1999, pone de manifiesto que no se ha producido un control financiero de las sociedades municipales por parte del Ayuntamiento, algo que es preceptivo por ley aunque se realice una auditoría externa, como fue el caso en 1997. También señala que no se justificaron contablemente en los presupuestos las transferencias de capital recibidas del Ayuntamiento para financiar las sociedades ni las inversiones que se realizaron a través de ellas. "Gil conocía estas irregularidades y no hizo nada", dijo el concejal, quien añadió que el pleno informará negativamente acerca de la cuenta general de 1997. El interventor señala también en su informe que se producían trasferencias entre las empresas del dinero recibido del Ayuntamiento, sistema "que carece de base que lo justifique y desvirtúa el necesario reflejo contable", según el informe. Pero no son estos los únicos problemas financieros que se ha encontrado la actual corporación en Estepona. La deuda que tienen con Hacienda y la Seguridad Social, cifrada en 4.600 millones de pesetas por el nuevo equipo, ha provocado que el Gobierno les haya retenido durante 1998 unos 270 millones de pesetas. Así lo aseguró el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, en una comparecencia en el Senado el pasado miércoles ante una pregunta de Zamorano. El Ayuntamiento de Marbella también se ha visto afectado por la misma razón. Rato afirmó que la retención entre enero de 1998 y julio de 1999 por el mismo concepto ascendió a 627 millones de pesetas. Por otra parte, el alcalde de Marbella, Jesús Gil presentó ayer un escrito de recusación contra Andrés Fernández, consejero del Tribunal de Cuentas designado para fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento entre 1990 y 1999, informa Efe. La fiscalización fue aprobada por una comisión mixta Congreso Senado el pasado febrero a propuesta del PSOE e IU.