Precios y crecimiento

El Gobierno ha tratado de suavizar el impacto adverso del índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al pasado mes de agosto con la revisión al alza de su previsión de crecimiento de la economía en el conjunto del año (3,7%) y la correspondiente de reducción del déficit público (1,4%). También se ha visto obligado a hacer lo propio con la previsión de IPC al final del año, situándolo en el 2,4%. Desgraciadamente, una cosa no compensa la otra. Resulta verosímil que la previsión de inflación vuelva a quedar superada antes de que termine el año.Desde el pasado diciembre, cuando se alcanzó el mínimo del 1,4%, ese registro no ha hecho sino reflejar las manifiestas dificultades de la economía española para compatibilizar su crecimiento con una estabilidad próxima a la de los países con los que compartimos moneda y tipos de interés. Hoy, la tasa española de variación de los precios es el doble que el promedio en el área del euro y más de cuatro veces la de los países con los que son más intensos nuestros vínculos comerciales. A nadie se le oculta que la persistencia de un diferencial tan amplio puede incidir, si no lo está haciendo ya, en la competitividad de nuestras empresas, y con ello, en la capacidad para estrechar nuestro déficit exterior y seguir creando empleo al ritmo que se necesita.

Aun cuando esa posición se justifique en parte por el más intenso crecimiento de nuestra economía, y en particular por el renovado protagonismo asumido por la demanda interna, no debería amparar la pasividad de la política económica. El Gobierno puede recurrir nuevamente a medidas excepcionales y transitorias, pero el carácter de ese desequilibrio requiere acciones de mayor calado y con vocación de permanencia, si no quiere dejarlo como legado de esta legislatura, que en materia de crecimiento y empleo se ha caracterizado por un comportamiento afortunado.