Matutes acepta negociar con Chile, pero advierte de que "no puede haber arbitraje" sobre Pinochet

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, dijo ayer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, sobre el caso Pinochet, que "habrá conversaciones con Chile, pero no puede haber arbitraje ni sobre la jurisdicción ni sobre el fondo del asunto porque desde el momento en que el tema está en los tribunales, el Gobierno no puede entrar a discutir estos extremos, ni puede tampoco dejarlos en manos de un árbitro". El ministro, que se reunirá en Nueva York el próximo lunes 20 con su colega chileno, Gabriel Valdés, espera una propuesta para el inicio de las negociaciones.

Matutes, que compareció a petición de varios grupos parlamentarios y también a solicitud propia, explicó la situación creada tras recibir en julio pasado una petición del Gobierno chileno para acordar un arbitraje en el caso Pinochet. En efecto, el Ejecutivo chileno propuso ensayar una vía judicial diferente a la española, con base en la Convención contra la Tortura, para dirimir si España tiene jurisdicción para juzgar al ex dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres y pendiente del juicio de extradición previsto para el 27 de septiembre próximo."Había estado considerando durante el mes de agosto la posibilidad de un dictamen del Consejo de Estado, y pensaba incluso proponérselo a sus señorías, aunque el dictamen, con toda probabilidad no se hubiera apartado de los informes jurídicos de que dispone el Gobierno", narró el ministro. "En todo caso, la petición de ese dictamen me temo que resulta que es ya extemporánea en estas circunstancias en que la situación viene marcada por una nueva carta del canciller Gabriel Valdés, el pasado 3 de septiembre", justificó.

Valdés, explicó Matutes, solicita en esta segunda misiva "iniciar de inmediato conversaciones con miras a poner en ejecución las etapas previstas en el párrafo 1 del artículo 30 de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Este párrafo pide: primero, negociación sobre ese posible arbitraje; segundo, arbitraje si tal negociación conduce al arbitraje; y tercero, en caso de desacuerdo o de no arbitraje, recurso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya". Según aclaró Matutes, "existe la obligación derivada del derecho internacional, de la propia Convención contra la Tortura, de acceder a la solicitud de esas conversaciones".

Sin margen de maniobra

Sin embargo, Matutes precisó a continuación que en su respuesta a Valdés advierte de que "el Gobierno español no tiene margen de maniobra ni en cuanto a la jurisdicción ni en cuanto al fondo del asunto [los delitos por los que se acusa a Pinochet], esto es, no puede acceder a la posibilidad de resolver por medios diplomáticos o por arbitraje una controversia sobre un caso sometido a un procedimiento judicial. (...) Éste es un asunto que está en manos de la justicia y que el Gobierno español no puede sustraer del ámbito de los tribunales españoles".El ministro subrayó que España tenía también que velar por evitar el deterioro de sus relaciones con Chile y con el resto de los países de América Latina, y señaló los riesgos de inasistencia de varios países que se ciernen sobre la próxima Conferencia Iberoamericana de La Habana, prevista para noviembre próximo. A modo de resumen, dijo: "Habrá conversaciones, pero no puede haber arbitraje, ni sobre la jurisdicción ni sobre el fondo del asunto, porque desde el momento en que está en manos de los tribunales, el Gobierno no puede entrar a discutir sobre estos extremos, ni puede tampoco dejarlos en manos de un árbitro".

El diputado Rafael Estrella, por el Grupo Parlamentario Socialista, apoyó la decisión de rechazar el arbitraje en el caso Pinochet, pero puso el acento en lo que llamó "la confusión" de la política del Gabinete de José María Aznar en el asunto, evidenciada en los meses en que se ha tardado en responder la primera propuesta del canciller Valdés, enviada el 23 de julio pasado. Estrella compartió la necesidad de preservar las relaciones con Chile, pero advirtió de que "España no puede y no pretende mantener una actitud paternalista hacia Chile, ni para proteger a los chilenos de Pinochet ni para proteger a Pinochet de la justicia". Estrella protagonizó un roce con el titular de Exteriores, que había aludido, sin nombrarle, a la posición del ex presidente del Gobierno Felipe González, contraria a juzgar a Pinochet en España.En la réplica al ministro, Estrella espetó: "El portavoz del grupo soy yo".

El diputado y abogado Diego López Garrido se lamentó de la falta de pronunciamiento del Ejecutivo respecto a las víctimas de la dictadura de Pinochet. También solicitó al Gobierno que frene las iniciativas de carácter político,"no jurídicas", de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el caso. Francesc Guardans, por CiU, abogado y catedrático de Derecho Internacional, pidió que el Gobierno exprese su solidaridad con las víctimas y defendió la jurisdicción española para enjuiciar al "presunto genocida" Pinochet. Otros grupos como el PNV y Mixto, se manifestaron de forma parecida.

Por el Grupo Popular, Carlos Robles Fraga dijo que "Chile ha planteado un diferendo sobre la aplicación de un tratado internacional asumido por Chile y España". Y añadió: "Lo que no dice la oposición es que existe un diferendo con Chile, porque les viene muy bien esa fantasía de que existe, por un lado, un proceso judicial en el que todos debemos estar detrás de la bandera del juez [Baltasar] Garzón y, por otro lado, las relaciones con Chile, como si no tuvieran que ver una cosa con otra".