Salud mental: ¿nuevos retos o viejos problemas?

Una característica de la atención al enfermo mental en España ha sido su abandono por parte de los sistemas de protección sanitaria y social, retraso histórico que está en la base de las deficiencias asistenciales aún existentes, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos veinte años. Durante este periodo se han propuesto, con diferente fortuna, reformas en todos los ámbitos relacionados con la enfermedad mental: el médico-sanitario, el socio-comunitario y el propiamente jurídico y normativo. Reformas que partieron de una consideración amplia de la salud mental, no ajena a los conflictos biográficos y sociales, y capaz de ir más allá de una visión exclusivamente médica de los problemas del enfermo mental.El Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1985) y la Ley General de Sanidad (1986) expresaron la sensibilidad de los poderes públicos en aquellos momentos, no tanto por lo que hicieron, sino por haber podido establecer con un consenso suficiente los grandes objetivos. Pronto se agotó, sin embargo, esta capacidad de iniciativa de la Administración central. Hasta el punto de que la siguiente acción significativa fue el decreto de ordenación de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud de 1995, que avanzó en la concreción de las prestaciones sanitarias y los derechos de los pacientes. Desde entonces asistimos al silencio de la Administración central, que parece haber pasado el testigo al resto de administraciones.

La atención en salud mental parecería estar en manos de los Gobiernos de las comunidades autónomas, a pesar de que algunos carezcan de competencias plenas y otros de voluntad para ejercitarlas o capacidad financiera para completar una tarea que es hoy más necesaria que nunca si se quiere consolidar y mejorar lo conseguido y garantizar la igualdad efectiva de todos. En último término, se trataría de hacer justicia con un colectivo históricamente discriminado.

Sin embargo, cada vez es más pesimista la opinión existente sobre el futuro de la reforma de la psiquiatría española. Muy al contrario: frente al insuficiente desarrollo de medidas para paliar el sufrimiento que acompaña al trastorno mental asistimos a una presión creciente sobre las clases medias en favor de ciertos consumos de salud mental, consecuencia no tanto de la existencia de nuevas necesidades colectivas, sino del avance de una cultura consumista y mercantilizada que sueña con poseer una felicidad continua, indefinida y estable mediante el uso de todo tipo de remedios que mitiguen cualquier presencia de ansiedades, tristezas o preocupaciones derivadas de los problemas cotidianos. Nos incitan a demandar "productos" ante cualquier insatisfacción, colocando nuestros problemas y sus soluciones en manos de profesionales expertos y productos milagrosos, aunque no los hagan desaparecer y, en cambio, aumenten nuestra incapacidad para vivir de frente los problemas y dificultades de nuestra vida.

Los medios de comunicación se están convirtiendo en la caja de resonancia ideal desde donde lanzar nuevos y extraordinarios remedios que, como bálsamo de Fierabrás, tienen propiedades curativas sobre todo tipo de problemas imaginables, metiendo en un mismo saco asuntos de pura cosmética psicológica junto a graves y complejos trastornos psicopatológicos donde es necesario un uso riguroso de las distintas medidas terapéuticas, que incluyen los avances en psicofarmacología clínica y que pueden aportar un mejor control de los síntomas, menos efectos secundarios y mayores posibilidades de diseñar tratamientos complejos y continuados en favor de una mayor autonomía personal, mejor convivencia familiar e integración socio-laboral de estos enfermos. Es de resaltar la insatisfactoria respuesta de la Administración sanitaria (y de una parte importante de la propia comunidad profesional) frente a este problema, al no asumir con toda firmeza sus responsabilidades a la hora de garantizar a los enfermos y sus familias información correcta, racionalidad y eficacia comprobada en las actuaciones de los profesionales del sistema sanitario. Frente a esta situación, los principales afectados, los enfermos y sus familias, siguen sin contar con suficiente capacidad de presión, pese al crecimiento de sus organizaciones de autoayuda.

Se hace cada vez más necesario recuperar los principios de la Reforma Psiquiátrica y una concepción integral y actualizada de la salud mental capaz de romper con la dinámica actual que tiende a reducirla cada vez más a unas coordenadas médico-psiquiátricas y presupuestarias. Para ello será preciso el diálogo entre responsables políticos, profesionales y asociaciones de usuarios. Pero es urgente enfrentar ya y con generosidad al menos dos problemas claves que no admiten espera: uno, el insuficiente soporte clínico, socio-sanitario, psicosocial y laboral con que siguen contando muchas personas con enfermedades mentales persistentes y sus familias; el otro se refiere a los profesionales del sistema público, a la ausencia cada vez mayor de incentivos con que cuentan en el desarrollo de su trabajo, lo que hace cada vez más difícil su dedicación ilusionada al mismo e incide sobre los niveles de calidad asistencial y su propio prestigio profesional. Si las administraciones sanitarias no afrontan estos problemas con decisión y claridad, el actual malestar existente entre profesionales y usuarios va a continuar y sus negativos efectos van a ser cada vez más visibles y de más difícil solución. Antonio Espino es psiquiatra y coeditor del libro La psiquiatría en la España de fin de siglo (1998).