Las ONG afirman que no acogerán a más rumanos en San Roque
Cruz Roja y Comisión Católica, las dos ONG que gestionan el campamento del camino de San Roque (Fuencarral), donde habitan algunas de las familias rumanas desalojadas del poblado de Malmea, anunciaron ayer que no acogerán a más familias en el asentamiento a menos que una decisión política así lo indique. En las afueras del recinto, instalado por el Ayuntamiento y la Comunidad, malviven actualmente unas cien personas que no aparecen registradas en el censo que elaboraron las ONG el pasado julio.
En una conferencia de prensa celebrada ayer, los portavoces de Cruz Roja y Comisión Católica advirtieron del "efecto llamada" (llegada de rumanos al conocer que se realoja a todo el mundo en campamentos) que se puede producir si Madrid es la única ciudad que acoge a estos inmigrantes.
El director de Comisión Católica, Ramón de Marcos, pidió un "pacto de Estado" para hacer frente al problema de los inmigrantes. Esta situación, dijo Marcos, puede dar lugar a "agravios comparativos con otros inmigrantes", pues "mientras la política de contingentes deja fuera al inmigrante número 30.001, aquí se está dando una discriminación positiva".
Para Marcos, es necesario crear en Europa y en las regiones "un pequeño itinerario de centros de acogida para 50 o 60 personas, con equipos de trabajadores que los atiendan, porque si seguimos así, dando solución al problema sólo en un municipio, Madrid sufrirá un efecto llamada que no podrá abordar sola".
Un nuevo censo
El portavoz de Cruz Roja en Madrid, Joaquín Pérez, por su parte, negó que hubiera alguna familia separada por errores en el censo. Pérez se refería así a la denuncia que hizo el pasado miércoles el Defensor del Menor, Javier Urra, y según la cual cuatro familias de Malmea se quedaron fuera del campamento. "Son familias muy extensas, y lo más que puede suceder es que uno esté separado de su primo o de su hermano", dijo Pérez. La presidenta del grupo PSOE-Progresistas en la Asamblea, Cristina Almeida, pidió ayer a las autoridades que vuelvan a elaborar el censo.
Los posibles errores se solucionarán, según Almeida, en una reunión que celebrarán la semana próxima los representantes de los gobiernos municipal y autonómico, la oposición y la Delegación del Gobierno, así como el Defensor del Menor. Almeida propondrá en esta reunión que se recupere el primero de los censos que se elaboró, en el que, dijo, "se establecía el realojo de unas 600 personas, de las cuales se ha atendido sólo a la mitad".
Almeida calificó de "fascista" la actitud de las autoridades municipales, que el pasado martes enviaron excavadoras al camino de San Roque para remover la tierra, lo que impidió a las familias rumanas instalar sus tiendas de campaña.
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