El fiscal quiere que los mandos de la Ucifa ingresen en una prisión civil

El fiscal antidroga Pablo Contreras solicitó ayer que la Audiencia Nacional revoque el tercer grado penitenciario concedido en agosto a los mandos del grupo antidroga de la Guardia Civil (Ucifa) Francisco Quintero, Juan Ramón Pindado y Gonzalo Méndez, condenados a ocho años de cárcel por pagar con droga a confidentes, y que ingresen en una cárcel ordinaria, en lugar de la prisión militar de Alcalá de Henares. La defensa considera que la Audiencia Nacional no es competente.

Los tres mandos, que cumplen condena en la prisión militar de Alcalá de Henares, obtuvieron el pasado mes de agosto el tercer grado penitenciario, es decir, la semilibertad, ya que sólo están obligados a dormir en prisión. La decisión fue adoptada por el juez militar pese a que los tres fueron condenados por delitos recogidos en el Código Penal ordinario y no en el militar. En la vista del recurso celebrada ayer en la Audiencia Nacional, el fiscal solicitó la revocación del auto del juez militar, por estimar que no tenía competencia para dictarlo. El fiscal argumenta que la condena de ocho años fue impuesta por un tribunal no militar, como es la Auciencia Nacional, por un delito no militar, como es el delito contra la salud pública (tráfico de drogas), y con una pena que supone la pérdida de la condición de militar de los tres mandos de la Guardia Civil condenados. Por ello considera que deben ingresar en una prisión civil.

Respecto a la concesión del tercer grado penitenciario, el fiscal sostuvo que es improcedente conceder la semilibertad a unos presos que sólo han cumplido una doceava parte de la pena que les fue impuesta.Agregó que no es lógico que se les denieguen los permisos penitenciarios por no haber cumplido la cuarta parte de la pena y que en cambio tengan acceso a salir diariamente de prisión y volver sólo a dormir. O sea, que no tienen derecho a lo menos, pero sí tienen derecho a lo más.

En prisión desde enero

Quintero, Pindado y Méndez ingresaron en prisión en enero pasado después de que el Supremo confirmase la pena de ocho años de cárcel. Antes, cuando se destapó el escándalo, habían pasado cuatro meses en prisión preventiva. El fiscal alegó que la concesión del tercer grado ha provocado alarma social. El abogado defensor, Juan Carlos Rodríguez, rechazó los argumentos del fiscal y señaló que sus clientes no tienen la culpa de que la ley tenga lagunas. Están en una prisión militar y el competente para decidir sobre el tercer grado es un juez militar, no el juez de vigilancia penitenciaria. La Audiencia Nacional no tiene competencia en temas penitenciarios, por lo que el recurso, en todo caso, sería competencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El defensor pidió a la Sala que aceptase una declinatoria de jurisdicción en favor de ese ultimo tribunal. El letrado se mostró conforme con el el auto del juez militar y precisó que sus clientes ya están reinsertados y reeducados.