Zarrías duda de que el Gobierno quiera transferir el Inem y las confederaciones antes de las elecciones

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, no encuentra voluntad política en el Gobierno central para transferir a Andalucía en lo que queda de legislatura las políticas activas de empleo del Inem y la gestión del agua. Lo dijo ayer en Jaén un día después de entrevistarse en Madrid con el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Camps. El Gobierno de Aznar, sentenció Zarrías, sigue manteniendo con Andalucía "una actitud cicatera" que dará un "pobre balance" de legislatura en lo que respecta a transferencias, ya que sólo se ha hecho efectiva la de Justicia a pesar de que otras comunidades tienen ya bajo su mando las áreas que reclama la Junta desde hace más de tres años.

La negociación sobre las transferencias de las políticas activas de empleo y la gestión del agua centraron la mayor parte de las más de dos horas que duró la reunión. Zarrías está convencido de que no se cede la gestión del agua porque la intención del PP es privatizarla y que con las competencias en empleo se están poniendo trabas porque sirven al Ministerio de Trabajo para hacer "de forma torticera" política en Andalucía. El ambiente de la reunión, según contó Zarrías, fue cordial "como no podía ser de otra manera", pero poco productiva. Ese pesimismo lo traslada al futuro ya que la distancia entre las propuestas de las dos administraciones es muy amplia. En el caso de las políticas activas de empleo, el Gobierno propone que pase a ser personal de la Administración autonómica un total de 1.400 funcionarios, el 49,2% de la plantilla del Inem. La Junta reclama a 2.022 personas, el 69,3%. "No vamos a permitir una transferencia mal dotada", aseguró Zarrías. Si se aceptase la propuesta de Madrid, cada funcionario andaluz atendería a 517 usuarios, mientras que en Cataluña la media es de 328 usuarios y en Galicia, de 359. "El Gobierno tiene que variar su posición y acercarse a los planteamientos de la Junta", añadió. Zarrías recordó que el ahora secretario general del PP, Javier Arenas, aseguró cuando era ministro de Trabajo que en enero de 1998 las políticas activas de empleo estarían en manos de la Junta. La promesa no se ha cumplido y eso sirve, dijo, para que él y el actual responsable de Trabajo, Manuel Pimentel, se "paseen" por Andalucía adoptando compromisos que no llegan. En el caso de la gestión del agua la situación es aún más distante. Camps argumentó, explicó Zarrías, que no se traspasa la competencia de la Confederación Hidrográfica del Sur porque en una hipotética sequía tendría que abastecerse con ese agua a Ceuta y Melilla. Gaspar Zarrías considera "una idiotez" ese motivo porque, dijo, el Gobierno andaluz garantizaría que llegase agua a estas dos ciudades. Las negociaciones para el traspaso de la Confederación Hidrográfica quedaron prácticamente ultimadas entre la Junta y el anterior gobierno socialista en 1996. Desde entonces, poco más se ha avanzado, pese a los anuncios de un inminente traspaso. La Junta considera prioritaria esta transferencia resaltando que en los más de tres años de gobierno del PP en Madrid no se han hecho inversiones en infraestructura hidráulica y añadió que la gestión del Ministerio de Medio Ambiente es "nefasta". Ante este panorama, Zarrías se mostró "poco optimista" aunque seguirá asistiendo a cuantas reuniones sean convocadas. Si finalmente no hay acuerdo, aseguró, el PP "pagará las consecuencias" en las urnas. Consejos de la UE La reunión sirvió también para que se tratasen otros dos temas. Por un lado, está la búsqueda de un mecanismo para reducir "la avalancha" de recursos al Tribunal Constitucional por discrepancias entre el Gobierno y las comunidades autónomas; y por otro, se ha tomado como documento base de discusión un informe de la Junta para que autonomías tengan participación en los consejos de ministros de la Unión Europea. También aludió al informe del Consejo de Estado, órgano asesor del Gobierno, en el que se indica que las regiones no tienen competencia para subir las pensiones, decisión que Andalucía fue pionera en adoptar en el caso de las más bajas. Zarrías pidió al Gobierno que no utilice este órgano y que no lo devalúe, al tiempo que defendió la capacidad de la Junta para tomar una decisión que, dijo, no influye en la caja única de la Seguridad Social porque se sustenta en fondos propios de la comunidad.