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Editorial:

Razones mayores

Hay motivos para pensar que el traslado a cárceles próximas al País Vasco de un centenar de presos de ETA anunciado ayer por el Gobierno no producirá gestos de reconocimiento, sino tal vez lo contrario, por parte de quienes lo exigían con más énfasis; sin embargo, había más razones a favor que en contra. El ministro Mayor Oreja eligió un tono tecnocrático para enumerarlas, pero no había razón para ocultar que el motivo principal era político: evitar que el acercamiento de los presos se convierta en un tema de divergencia entre las fuerzas democráticas frente a los problemas que han de abordar estos próximos meses en el camino hacia la paz. Es un asunto que lleva años envenenando las relaciones entre partidos nacionalistas y no nacionalistas -por ejemplo, en la Mesa de Ajuria Enea- y que amenazaba ya con afectar al consenso en materia antiterrorista entre el Gobierno y el partido socialista. Desde 1995 existe un pronunciamiento casi unánime del Parlamento vasco a favor de que se ponga fin a la política de dispersión. Esa política, que en su día contó con el apoyo de los nacionalistas, cumplió su papel a fines de los ochenta para favorecer la reinserción, pero hace tiempo que resulta estéril y es posible que contraproducente. La posición del Parlamento de Vitoria es ampliamente respaldada por la población vasca, según indican las encuestas. Por otra parte, también existe un emplazamiento, reiterado antes del verano, del Congreso de los Diputados para que el Gobierno flexibilice su política penitenciaria de acuerdo con la situación creada por el alto el fuego de ETA.

El Gobierno ha sido más bien reticente por dos motivos principales: primero, por su criterio de acompasar las medidas penitenciarias a los avances en el proceso de paz. Pero aunque no haya habido alto el fuego definitivo, ni siquiera una clara voluntad de diálogo de ETA sobre esa hipótesis, la suspensión de los atentados se ha mantenido durante un año. Ése es el avance. Segundo motivo: la persistencia de la intimidación bajo la forma de sabotajes y coacciones a los no nacionalistas. Es un argumento a tomar en consideración, pero llevado hasta el final supone poner la política penitenciaria en manos de los encapuchados.

Un tercer argumento, éste implícito, fue que el pequeño ensayo de acercamiento a la península de los presos de las islas y plazas africanas realizado en diciembre fue calificado de gesto mezquino e incluso de provocación por los nacionalistas, y seguido por la convocatoria de una manifestación en enero (y ya no por el acercamiento genérico, sino por el traslado a cárceles vascas). Es grande la tentación de responder con un "pues entonces, nada", pero no habría sido inteligente ceder a ella.

ETA intenta permanentemente obligar al nacionalismo democrático a definirse en torno a sus propios objetivos y planteamientos. El acercamiento de los presos es una bandera de ETA y HB a la que se sumaron los nacionalistas democráticos de manera bastante confusa: interiorizando como propio el argumento -que Arzalluz había expresamente rechazado en 1989- de que existe un derecho de los presos al acercamiento. Los efectos de esa confusión, llevada hasta el ridículo de la denuncia ante instancias internacionales, fueron gravísimos: aportaron una apariencia de coartada jurídica y moral a las peores barbaridades. Por ello sigue siendo necesario aclarar que la ley no ordena, sino recomienda - y siempre en el marco de una política individualizada de reinserción- el acercamiento del recluso a su medio familiar.

Pero que no sea un derecho no significa que no sea conveniente. El propio PP estaba más bien de acuerdo antes de que el asunto se envenenara. No hay que agravar el sufrimiento de los familiares, si puede evitarse. En la época en que funcionaba eficazmente la reinserción, la dispersión buscaba aliviar la presión de los comisarios de ETA sobre los presos que deseaban soltar amarras. Ahora se ha convertido en bandera de movilización de esos mismos familiares y en pretexto para la unidad de acción nacionalista en torno a los planteamientos más radicales.

Existían, por tanto, motivos poderosos a favor de una flexibilización de la política penitenciaria. Y también margen para hacerlo sin asumir un riesgo desproporcionado: el acercamiento es, por definición, una medida reversible. Y permite transmitir a los presos de ETA el mensaje de que lo que no consiguieron con brutalidades como el secuestro de Ortega Lara y lo que vino después es posible alcanzarlo en el marco de la suspensión de la violencia; y que a este paso pueden seguir otros en la misma dirección.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de septiembre de 1999