La Fiscalía Antidroga recurre la semilibertad de tres ex jefes de la Ucifa

La Fiscalía Antidroga ha recurrido ante la Audiencia Nacional la concesión del tercer grado penitenciario a los tres mandos de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil (Ucifa) condenados a ocho años de prisión por pagar con droga a confidentes. El recurso de apelación fue interpuesto ante el juez militar togado que lo trasladó a la Sección Tercera de la Audiencia, que condenó a los agentes y que resolverá sobre su situación.

La Fiscalía Antidroga se enteró casi por casualidad del régimen de semilibertad del ex coronel Francisco Quintero, el ex comandante José Ramón Pindado y el ex teniente Gonzalo Méndez, por un comentario de pasada del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, al que estaba de guardia en agosto en la Fiscalía Antidroga. La jurisdicción militar pidió un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la aplicación del tercer grado a los condenados del caso Ucifa. Aunque la causa la había llevado Antidroga, el teniente fiscal de la Nacional, Jesús Santos -antiguo fiscal jurídico militar- emitió el informe en el sentido de que el asunto no era competencia de su fiscalía. En Antidroga ha causado malestar que Santos emitiese ese dictamen en vez de enviarlo a la fiscalía que llevó el peso de la acusación, como se ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, Santos lo comentó posteriormente con el fiscal de guardia en Antidroga. Según fuentes fiscales, el hecho de que los tres mandos de la Ucifa estuviesen cumpliendo condena en la prisión militar de Alcalá de Henares obedece a una autorización del tribunal sentenciador, ya que las penas de prisión e inhabilitación impuestas en la sentencia determinan la pérdida de la condición militar. Pero la cuestión es que en una prisión militar es el juez togado el que tiene competencia sobre los presos y está legitimado para conceder el tercer grado. La clasificación en el régimen de semilibertad de Quintero, Pindado y Méndez fue propuesta por el personal de tratamiento de la prisión, pero el director del establecimiento hizo uso de su voto de calidad para oponerse, con lo que el informe sobre la concesión del tercer grado fue negativo. Los tres reclusos apelaron al juez militar de vigilancia penitenciaria y éste accedió a clasificarles en tercer grado, que implica que sólo deben ir a prisión a dormir. Tanto en Antidroga como en medios de la Audiencia Nacional la aplicación del tercer grado a los ex guardias civiles causó "sorpresa", dado que ingresaron el 23 de enero pasado y apenas llevan cumplidos siete meses de prisión sobre una pena de ocho años, aunque probablemente se les hayan computado los beneficios de redención de penas por el trabajo del Código Penal anterior, bajo el que fueron sentenciados. La semilibertad de los tres ex guardias civiles fue duramente criticada por las asociaciones judiciales. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, hizo hincapié en los ocho años de la condena, aunque mantuvo algunas reservas sobre cuál jurisdicción, la civil o la militar, será finalmente la competente. Montserrat Comas, de Jueces para la Democracia, tachó de "contrasentido" que un juez militar pueda resolver esa situación. "Habrá que ver los motivos de fondo del juez togado", indicó Lorenzo Pérez San Francisco, de la Asociación Francisco de Vitoria. Por su parte, Miguel Colmenero, presidente de la Asociación de Fiscales, criticó "la utilización que se está haciendo del tercer grado" y que la jurisdicción militar tenga en sus manos la ejecución de esa sentencia. Adrián Salazar, de la Unión Progresista de Fiscales, incidió en que "lo normal es que no existan estos privilegios, y que un procedimiento civil corresponda a un juez ordinario".