Las obras hidráulicas prometidas por el PP

Las reivindicaciones crecen al mismo ritmo que disminuye el nivel de los pantanos andaluces, actualmente al 40% de su capacidad. Cuatro años después de la anterior gran sequía, las obras hidráulicas en Andalucía para paliar el problema prometidas por el Gobierno de José María Aznar están empantanadas en requisitos administrativos que aún no se han solventado: La Breña II espera el visto bueno de Bruselas a su declaración de impacto ambiental, estudio que aún no ha sido realizado por las autoridades españolas en Úbeda La Vieja, donde debe construirse el embalse. La falta de lluvia se ha vuelto ahora a convertir en argumento político, con el pulso acelerado por la próxima convocatoria de elecciones generales y autonómicas andaluzas. "Si quien tiene las competencias no aprueba una inversión de 250.000 millones de pesetas habrá serios problemas de desabastecimiento". El consejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarrías, amplifica estos días el mensaje de la Junta de Andalucía (PSOE): el Gobierno central, que tiene las competencias, no ha iniciado ningún nuevo embalse en la región desde el anterior periodo de sequía. Una reclamación en la que los consejeros andaluces se sienten ahora más cómodos que antaño. En 1995 las peticiones iban al socialista José Borrell, entonces ministro de Obras Públicas; ahora se dirigen a la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino.

El Gobierno del Partido Popular invirtió en 1996 unos 66.000 millones de pesetas en obras hidráulicas en Andalucía, y en 1999 la inversión no llega a los 8.500 millones.

El Plan Metasequía

Las confederaciones hidrográficas (dependientes del Gobierno) justifican el retraso en el inicio de nuevas obras en que las inversiones se destinan a concluir proyectos en marcha, muchos de los cuales arrancaron con el Plan Metasequía de Borrell, y en los largos trámites administrativos. En uno de éstos se quedó el compromiso personal de la ex alcaldesa de Sevilla Soledad Becerril (PP), de empezar el pantano de Melonares durante su mandato, que terminó tras las elecciones municipales del pasado mes de junio.

El pantano de Melonares, que garantizaría el consumo urbano de la capital hispalense (110 hectómetros cúbicos de agua al año), está aún en los despachos de Bruselas, a la espera del visto bueno de los funcionarios comunitarios a su declaración de impacto ambiental, cuestionada por varios expertos.