Medio Ambiente sitúa septiembre entre los meses de máximo riesgo de incendio por la falta de lluvias

El reciente incendio en la sierra granadina de Cázulas, que arrasó más de 2.300 hectáreas de matorral y pinar en la tercera semana de agosto, ha disparado las cifras del último balance del Infoca, que ayer presentó su máximo responsable, el director general de Gestión del Medio Natural, Juan María Cornejo. La superficie afectada por el fuego en lo que va de año, 5.422 hectáreas, está todavía por debajo de la media registrada en la región esta década, pero Cornejo pidió "extremar las precauciones" este mes en los espacios forestales ante la acusada falta de agua en la vegetación.

Las previsiones de un año seco llevaron a los responsables de Medio Ambiente a adelantar a abril el inicio del plan Infoca contra incendios. Cornejo y el consejero, José Luis Blanco, confirmaron que este dispositivo, que moviliza a 4.000 personas, estará alerta, con todos sus efectivos dispuestos, hasta el próximo 15 de octubre. Una situación que se podría prolongar unas semanas más si las condiciones climatológicas no han cambiado. El director general de Gestión del Medio Natural detalló que, hasta el pasado 27 de agosto, se habían registrado en la región 708 siniestros, de los cuales el 75% (533) se habían quedado en conatos (que afectan a menos de una hectárea). La superficie quemada es ya superior a la de los últimos tres años (muy lluviosos) pero está muy lejos de las 62.000 hectáreas que ardieron en 1991. Cornejo confrontó los datos regionales con los del Ministerio de Medio Ambiente (al 22 de agosto) para asegurar que otras comunidades como Galicia (que acapara el 47% de los incendios), Asturias, Cantabria, Castilla-León, Valencia y Madrid están por encima de Andalucía en cuanto al porcentaje de su superficie forestal afectada. El máximo responsable del Infoca subrayó que, en lo que va de año, el número de detenidos por causar, supuestamente, incendios forestales ha pasado de los 29 del año pasado a los 62 en lo que va de año. Cornejo pidió al poder judicial que se aplique el Código Penal "con todo su rigor" en estos casos. La nueva ley de incendios (en vigor desde agosto) establece sanciones administrativas de hasta 75 millones de pesetas, si bien en la mayor parte de los expedientes tramitados (488), la multa máxima que podrá imponer la Consejería no superará los 10 millones, al referirse a siniestros que tuvieron lugar antes de la aprobación de la nueva norma autonómica. El consejero de Medio Ambiente, por su parte, volvió a criticar la gestión del agua embalsada realizada por el Gobierno central, que calificó de "disparatada". El nivel de los pantanos andaluces ha pasado en tan sólo diez meses, del 70% de la capacidad teórica de las presas al 40% que registran ahora, según los últimos datos de las confederaciones hidrográficas. Blanco reclamó que se establezca por ley la prioridad para el suministro de núcleos urbanos. El consejero mantiene que el agua destinada a regadíos es excesiva y su precio demasiado bajo. PGOU de Marbella Blanco también advirtió de que su departamento no aceptará ninguna modificación sobre suelo forestal o vías pecuarias en el plan urbano de Marbella. "Estaremos muy pendientes, pero todavía no es el momento de pronunciarnos" aseguró el consejero, quien recordó que este documento se halla ahora en exposición pública. El texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), reelaborado por el Ayuntamiento marbellí, no ha integrado la mitad de las sugerencias efectuadas por la Consejería, relativas a la pretensión de usar suelo forestal como urbanizable. El documento debe pasar aún por la Comisión Provincial de Urbanismo, momento que señaló Blanco para que intervenga su departamento. La organización Ecologistas en Acción ha denunciado que el PGOU no cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable. Los ecologistas han pedido que la Junta se responsabilice del PGOU elaborado por el equipo de gobierno del alcalde, Jesús Gil, y han remitido un escrito a a la Comisión provincial de Urbanismo, órgano que suspendió y rechazó parte de dicho plan en julio de 1998.