Una institución de florero

El Congreso deberá suspender definitivamente sus sesiones y las actividades de casi todas las comisiones parlamentarias, ya no es foro político, y se mantendrá únicamente una Comisión Delegada, las bicamerales de Finanzas y Contraloría (relacionada con la Contraloría, el Tribunal de Cuentas), y una subcomisión especial que investigará actos de corrupción parlamentaria. El decreto de emergencia legislativa aprobado, cuyo anteproyecto fue revisado a la baja tras el llamamiento a sesiones del moribundo, anula a éste la capacidad de aprobar el presupuesto de la nación por su cuenta y la autorización para decretar créditos adicionales. Cualquier atribución de cierta importancia deberá ser ratificada. Diputados y senadores seguirán cobrando sus salarios.Siempre sujetos por tanto sus acuerdos a la ratificación de la Constituyente, la Comisión Delegada, integrada por una representación de los partidos presentes en el Congreso, podrá legislar sobre el presupuesto del año 2000, telecomunicaciones y el problema informático del nuevo milenio, y podrá otorgar poderes especiales al Gobierno para dictar medidas de carácter extraordinario en materia económica y financiera. Esta Comisión Delegada fue facultada para allanar la inmunidad de diputados y senadores, y suscribir los tratados y convenios internacionales preparados por el Gobierno.

Una Comisión Legislativa, integrada por cuatro constituyentes y tres miembros elegidos fuera de su ámbito, redactará los proyectos de reglamentos, acuerdos y resoluciones necesarios para la aplicación del polémico decreto, y vigilará que nadie asuma atribuciones no concedidas. La Comisión deberá presentar un informe en el plazo de 30 días aunque podrá solicitar a la Constituyente una prórroga. Los contralores generales (funcionarios encargados de supervisar las cuentas públicas) de los diferentes estados y municipios de Venezuela serán examinados por esa Comisión Legislativa y mantenidos en su puesto o destituidos si son reos de corrupción o ineficacia.