La investigación no halla nuevos implicados ni ata los cabos sueltos del "caso Olot"

Tras seis meses de nuevas investigaciones, ni se ha completado el rompecabezas del caso Olot con nuevas piezas ni se ha conseguido hacer encajar las viejas. Las cinco prórrogas consecutivas del secreto de sumario que la juez Pilar Castillo ha concedido a la Guardia Civil para dar cobertura a las investigaciones tendentes a identificar nuevos implicados en el secuestro de la farmacéutica de Olot, Maria Àngels Feliu, no han dado los resultados esperados.

Además de identificar a otras personas implicadas en el caso, los investigadores debían encontrar pruebas sólidas que relacionen a los seis detenidos en marzo de este año por el secuestro de la farmacéutica con los dos primeros procesados por este caso, Xavier Bassa y Joan Casals, que fueron acusados a finales de octubre de 1993. Tampoco en este segundo propósito los investigadores han obtenido resultados. La titular del juzgado número 1 hizo llegar ayer por la mañana a los abogados de todos los imputados un auto en el que admite que las diligencias practicadas durante los seis meses de secreto sumarial "no han llevado a la identificación de otros posibles implicados". El escrito añade: "Tampoco se ha podido determinar la concreta conexión o relación entre los imputados y los dos procesados, Xavier Bassa y Joan Casals". La decisión de la juez permitirá que las partes personadas en el caso tengan acceso a todas las actuaciones judiciales y policiales llevadas a cabo hasta el momento. La apertura del sumario se fundamenta en que Castillo no prevé "un resultado positivo a corto plazo" de las diligencias en curso -a pesar de que advierte que éstas continuarán- y que el mantenimiento del secreto sumarial supondría una limitación del derecho a la defensa de todos los imputados en el caso. Los abogados de Casals y Bassa siempre han mantenido que las pruebas contra sus defendidos eran frágiles, puesto que se sustentaban en una delación. En opinión de los letrados, la sorprendente reactivación del caso después de seis años sin ningún resultado venía a corroborar la inocencia de los antiguos procesados en el secuestro. Los "cabezas de turco", como se autodefinen. No obstante, los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no han cejado, durante los seis meses en que la juez Pilar Castillo ha mantenido el secreto de sumario, en su empeño de vincular a ambos, sobre todo a Casals, en la trama del secuestro. "Flecos" pendientes Las investigaciones de los últimos meses, de acuerdo con fuentes de la propia Guardia Civil, pretendían encarar la recta final del caso cerrando "algunos flecos" pendientes, identificando presuntos nuevos implicados y determinando si los detenidos actuaban bajo las órdenes de un presunto cerebro", posibilidad que se insinuó en las declaraciones de algunos de los detenidos. Otro de los grandes interrogantes planteados por el caso se refiere al presunto pago del secuestro. A pesar de que la Guardia Civil sospecha que la transacción se efectuó, no se han hallado ingresos millonarios en el entorno de los implicados. La empresa londinense Control Risks, contratada por la familia de Maria Àngels Feliu para negociar con los secuestradores, negó también la existencia de tal pago en un documento enviado al juzgado de Olot. En la lista de los encarcelados por su participación en el secuestro se encuentran Antonio Guirado, policía local de Olot; Ramon Ullastre, propietario de la casa de Sant Pere de Torelló en cuyo subterráneo permaneció encerrada Maria Àngels Feliu durante 492 días; Sebastià Comas, apodado Iñaki, carcelero y presunto liberador de la farmacéutica, y José Luís Paz, apodado El Pato. Todos ellos fueron detenidos a primeros de marzo a raíz de la confesión del policía municipal de Olot, que se desmoronó después de una estrategia de acorralamiento y desgaste promovida por los investigadores. La mujer de Ullastre, Montserrat Teixidor, quedó en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas, mientras que Juan Manuel Pérez, entrenador de la UE Vic, a quien se vincula en el secuestro a través de su relación con Ullastre, fue liberado sin fianza, aunque permanece como imputado y con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado. Maria Àngels Feliu fue secuestrada el 20 de noviembre de 1992 en el garaje de su domicilio de Olot. La farmacéutica fue liberada el 27 de marzo de 1994 en una gasolinera de Lliçà de Vall (Vallès Oriental).