Los sindicatos se movilizan contra la segregación de Emasesa y el PP pide un consejo urgente de la empresa

Las críticas de las centrales sindicales y la oposición municipal en Sevilla a la segregación de Emasesa, la empresa municipal de agua, se están avivando conforme pasan los días, a pesar de los repetidos mensajes que lanza el gobierno local (PSOE-PA) para tranquilizar a los trabajadores sobre su estabilidad laboral y al resto de los ediles sobre el control público del nuevo organismo que asumirá, entre otras, las competencias sustraídas a Emasesa. Ayer, dirigentes y delegados sindicales se concentraron ante la sede del Ayuntamiento para repartir octavillas contra "la privatización de empresas municipales". Los sindicatos creen que la nueva distribución de competencias y la creación de empresas municipales pone en peligro unos 700 empleos, aunque el delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, aseguró que se realizará "sin menoscabo de los derechos de los trabajadores". Tanto las organizaciones sindicales como la oposición critican que la segregación de Emasesa, cuyas competencias asumirá la nueva empresa de obras que gestionará el Partido Andalucista, sea una de las contraprestaciones del PSOE para obtener la alcaldía de Sevilla. El PP anunció ayer que solicitará una convocatoria urgente del consejo de administración de Emasesa para aclarar los objetivos de la nueva sociedad de obras. La portavoz del PP, Carmen Diz, atribuyó la segregación al "interés" del PA por controlar las adjudicaciones de obras de Emasesa. Las inversiones previstas para este ejercicio ascienden a 6.747 millones de pesetas. El pacto de gobierno establece que el PSOE gestione Emasesa y el PA asume la gestión de todas las inversiones y obras de la sociedad en el Ayuntamiento de Sevilla. Un reparto que, según Carmen Diz, significa "la destrucción" de la empresa de aguas. El PA justifica la creación de la nueva sociedad de obras, que está en fase de diseño, para favorecer la coordinación entre los distintos departamentos municipales que gestionan obras en Sevilla. Rafael Carmona aseguró ayer que el modelo funciona con éxito en otras ciudades y permite "gestionar con mayor eficacia". Tanto Carmona como Isabel Guerra-Librero, la delegada de Obras, insistieron en que la nueva sociedad será pública. El delegado de Hacienda, el socialista Carmelo Gómez, por su parte, se mostró partidario de crear una comisión negociadora que evite "malentendidos" sobre las repercusiones de la nueva distribución de áreas. Gómez adelantó, además, que los presupuestos municipales del 2000 se caracterizarán por su austeridad ante la situación financiera del Ayuntamiento e irán acompañados de una subida de impuestos según el IPC. El déficit, según el delegado de Hacienda, alcanza los 64.000 millones de pesetas. La elaboración de los presupuestos, que reforzarán las inversiones en empleo y políticas sociales, atenderá las necesidades de cada área.