La Asamblea Constituyente de Venezuela prohíbe al Congreso que se vuelva a reunir

ENVIADO ESPECIALLa primera colisión grave entre la Asamblea Constituyente nacida en las elecciones del pasado 25 de julio con la misión de redactar una nueva Constitución antes de fin de año y el Congreso elegido el pasado 9 de noviembre, último vestigio del bipartidismo imperante durante cuatro decenios en Venezuela, se registró ayer después de que el Congreso convocara a sesiones y la mayoría oficialista en la Asamblea, que ocupa 120 de los 131 escaños, le negara la facultad de hacerlo.

El agonizante Parlamento, cuyas atribuciones quedaron reducidas por el plenario de la Asamblea ayer a labores casi administrativas, convocó a sesiones extraordinarias a partir de mañana, en una iniciativa a la desesperada aprobada por los denostados partidos tradicionales -Acción Democrática (AD), socialdemócrata; Copei, democristiano, y el conservador Proyecto Venezuela- que enfureció a varios constituyentes de la coalición leal al presidente, Hugo Chávez, partidarios de lanzarles "al pueblo" encima.Pedro Tábata, congresista de AD, se manifestaba angustiado, harto de la genuflexión. "Es mejor despejar esta incertidumbre. Si el Congreso va a ser cerrado ¡que lo cierren! ¡que entre el Ejército por la puerta y nos desaloje!". Pero no es ésa la intención del Gobierno revolucionario, progresivamente convencido de que conviene causar el menor ruido posible y evitar el deterioro de la imagen del proceso de cambios en el mundo. "El Congreso ya no existe. Sólo hay una comisión delegada", manifestó Manuel Quijada, presidente de la Comisión de Emergencia Judicial.

El vicepresidente de la Asamblea Constituyente, el negro Aristóbulo Isturiz, intervinó ayer en el plenario con una advertencia a los diputados adecos y copeyanos. "¡Que no se les ocurra ir [al Congreso]! ¡Que no lo intenten!". "Aquí lo que se está registrando es una revolución en libertad, una revolución democrática".

La aprobación de la "emergencia legislativa" ayer, por el que se le arrebatan al Congreso sus facultades políticas y legislativas esenciales, se produjo un día después de que el poder judicial quedara sumido en el cisma y en el desconcierto a raíz de la abrupta renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilia Sosa.

La magistrada chocó con el Gobierno de Hugo Chávez y, en votación interna, con 8 de los 15 miembros de la CSJ, al negar a la Asamblea la facultad de decidir sobre la suerte del Supremo y sobre la permanencia o destitución de jueces y funcionarios. Después llamó "traidores" a los diputados y al Congreso porque, denunció, no supieron defender las instituciones.

El decreto de emergencia legislativa aprobado anoche no disuelve el Congreso, pero lo reduce a funciones administrativas, a convidado de piedra en el proceso de definición de los aspectos fundamentales del revolcón institucional emprendido hace un mes por la Asamblea. La designación, por la Constituyente, de una comisión que asumirá las funciones esenciales del Parlamento era la propuesta contenida en el proyecto de decreto de emergencia legislativa presentado a la dirección de la Asamblea por David de Lima, presidente de la Comisión de Poder Legislativo, miembro del Movimiento al Socialismo, encuadrado en la coalición gubernamental Polo Patriótico.

La creación de esa comisión equivale en la práctica, según la oposición, a una intervención del Parlamento por la Constituyente. Plantea que todos los miembros de Senado y la Cámara de Diputados que no pertenezcan a la Comisión Delegada, de Finanzas y Contraloría (Tribunal de Cuentas) continúen de vacaciones, en receso indefinido. El proyecto fue suavizado por la presidencia de la Asamblea. En su versión original establecía directamente el cese de los senadores y diputados ajenos a las tres comisiones.

Funciones menores

La propuesta del equipo dirigido por De Lima contiene el nombramiento de un grupo de siete miembros, cuatro de ellos diputados de la Constituyente y tres elegidos fuera de ella. La Comisión Delegada del Congreso, según ese documento de trabajo, se ocuparía interinamente, entre otras funciones menores, de la aprobación de leyes presupuestarias y tributarias.La parte del león correría a cargo de la Constituyente, que asumiría la legislación sobre materias de competencia nacional, el control político del Ejecutivo y gobernadores, la autorización de enjuiciamiento al presidente, el voto de censura a ministros, control sobre la declaración de estado de emergencia o suspensión de garantías, la designación de los nuevos magistrados del Supremo.