Anticorrupción reclama al Congreso las actas y conclusiones de la comisión del 'caso lino'

Dos meses después de que la Unidad de Lucha contra el Fraude (UCLAF) de la Comisión Europea solicitara a la Fiscalía Anticorrupción española que se interesara por el caso lino, el organismo que dirige Carlos Jiménez Villarejo ha solicitado al presidente del Congreso, Federico Trillo, que le remita las conclusiones, actas de comparecencias y grabaciones utilizadas por la comisión parlamentaria que durante dos semanas de agosto, y en medio de la polémica, investigó el escándalo. Para el PSOE, con esta decisión el caso sigue "abierto". El PP asegura que la fiscalía lo archivará.

La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito dirigido a Federico Trillo no sólo pide que se le envíen las conclusiones aprobadas por la comisión, en las que PP, CiU y Coalición Canaria niegan cualquier responsabilidad en el escándalo tanto de la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio como de los altos cargos implicados, sino que solicita también las actas de las sesiones y las transcripciones y grabaciones de los 35 comparecientes ante la comisión.Ese interés por examinar toda la documentación generada por la comisión investigadora y no sólo las tesis exculpatorias finales del PP y de sus aliados parlamentarios fue valorada ayer por el PSOE como una prueba de que el caso lino "sigue abierto". El Partido Popular y el PSOE coincidieron en calificar la iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción de "lógica y esperada".

El PP, por el archivo

Pero las coincidencias entre el partido que sustenta al Gobierno y el que encabeza la oposición terminan ahí. Mientras el diputado socialista Francisco Amarillo ponía especial énfasis en la necesidad de "respetar escrupulosamente las competencias y los trabajos del poder judicial", el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo adelantaba que la fiscalía lo que ha hecho es solicitar "elementos clave" que le "llevarán a archivar las diligencias".El PP sigue manteniendo que el escándalo del lino, que acabó con las dimisiones del presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, y del director financiero de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, y que ha comprometido las carreras del director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, y del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, ha sido un montaje electoral del presidente socialista castellano-manchego, José Bono. El PP consiguió imponer esta tesis en la comisión de investigación gracias a los votos de sus aliados CiU y Coalición Canaria, y frente a toda la oposición (PSOE, PNV, IU y Nueva Izquierda), que considera a la ex ministra De Palacio responsable "por acción u omisión" de amparar una trama de altos cargos destinada a cazar millonarias primas por cultivo del lino procedentes de la Unión Europea.

En cualquier caso, la decisión de la Fiscalía Anticorrupción supone trasladar la polémica sobre el lino de la esfera política -casi cerrada gracias al peso de los votos ya que las conclusiones exculpatorias se aprobaron por 176 votos frente a 172- a la esfera judicial. Este hecho fue también destacado ayer por el socialista Francisco Amarillo, quien confía en que las conclusiones de la oposición, diametralmente opuestas a las del PP, sean de utilidad para esclarecer las eventuales responsabilidades penales de los implicados.

Debate en el Congreso

Con el frente jurídico recién abierto, el caso lino todavía tiene que apurar un trámite parlamentario para darse por concluido en el Parlamento. El próximo pleno del Congreso, en septiembre, deberá debatir tanto las conclusiones aprobadas por la mayoría como las de la oposición. PSOE, Nueva Izquierda y el PNV suscribieron un documento común de conclusiones e Izquierda Unida -que ha anunciado el voto junto al resto de la oposición- elaboró uno propio en el que, aún apoyando las críticas a la ex ministra de Agricultura, destacaba que las comunidades autónomas -y por tanto, también el socialista José Bono- hubieran podido hacer más para controlar la espectacular expansión de un cultivo, el lino, sin utilidad comercial conocida y con ayudas comunitarias de 120.000 pesetas por hectárea.Hasta el momento, la única consecuencia de la investigación llevada a cabo en el Congreso ha sido la petición del PP y de sus aliados para que la Inspección General de la Administración del Estado examine la situación de posible incompatibilidad del delegado del Gobierno e importante cultivador de lino textil en Cuenca Carlos Moro.

A diferencia del resto de altos cargos relacionados con el caso, Moro y su esposa gestionaban directamente sus cultivos de lino. En el Congreso, Moro reconoció que era un "empresario agrícola" que compatibilizaba su cargo oficial con la gestión "en fines de semana" y vacaciones de sus fincas en Castilla-La Mancha.