El Gobierno se compromete a 'estudiar' la reforma de la ley de incompatibilidades
El Gobierno está dispuesto a estudiar detenidamente todas las propuestas procedentes de los grupos parlamentarios "para mejorar la legislación" en materia de incompatibilidades aunque cree que la ley actual funciona "correctamente", según informa Europa Press, que recoge una respuesta del Gobierno en este sentido a preguntas de la oposición.La contestación gubernamental no satisface a la oposición, que volverá a la carga dentro dos semanas cuando se reanude el período de sesiones. El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Fernández Marugán, se remite a una interpelación que presentó al Gobierno sobre esta materia a últimos del mes de junio para no dar crédito a la intención del Ejecutivo de introducir cambios.
Las propuestas que presentó este dirigente socialista fueron rechazadas por el Ejecutivo. La petición del PSOE pretende un estudio exhaustivo de la actual ley de Incompatibilidades de 1995, que afecta a ministros y a altos cargos de la Administración, ya que la experiencia acumulada en los últimos meses les hace pensar que hay que introducir restricciones. Los ex altos cargos del Ministerio de Agricultura que recibieron subvenciones europeas en razón de los cultivos del lino en sus explotaciones privadas fueron el detonante del interés que el PSOE empezó a mostrar por la letra de la ley. El hecho de que la comisión de investigación sobre el cultivo y las subvenciones del lino haya terminado felizmente para los denunciados y que sólo quede pendiente el estudio de la situación del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, anima al PSOE a seguir con esta batalla.
La Administración tiene ahora que determinar si Carlos Moro incurrió en incompatibilidad al simultanear su trabajo público con la explotación de sus propiedades agrícolas. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha se ha declarado víctima de una "persecución injusta".
El PSOE lo ve de otra manera. "Hay muchas formas de incompatibilidad que personifican distintos miembros del Gobierno", afirma Fernández Marugán. "En el Consejo de Ministros se sientan personas con muchos intereses privados que pueden chocar con su función pública", insiste este parlamentario, que considera obligado hacer una nueva lectura del límite y la naturaleza de los negocios que los altos cargos pueden tener.
