La Constituyente coloca a la Corte Suprema venezolana ante la disolución o una muerte lenta

La Corte Suprema de Justicia de Venezuela (CSJ) y el poder judicial en su conjunto fueron sometidos ayer a fuego graneado en la Asamblea Constituyente adscrita a la revolución del presidente, Hugo Chávez. Sus miembros debatían dos alternativas: proceder por decreto a la ejecución sumaria del máximo órgano de la judicatura, esto es, disolverlo, o la muerte lenta, la ratificación provisional en sus puestos de los magistrados de ese tribunal. Su destino dependería de una comisión de emergencia judicial con facultades para proponer los cambios.

Además, la Comisión podrá suspender o destituir a los jueces nacionales procesados por corrupción o expedientados por negligencia dolosa en la emisión de sentencias. "¿Quién dijo que en la Corte Suprema de Justicia no hay corrupción y retardo procesal?", preguntó la diputada Ángela Zago, voluntaria en el pelotón de fusilamiento, favorable a la depuración previa de los magistrados, a su exclusión de la Comisión de Emergencia Judicial en ciernes, y a que una comisión de juristas sin tacha les investigue y decida su destino. La mayoría de los constituyentes, 65 de los 89 consultados por una cadena de televisión, en un foro donde el chavismo controla 120 de los 131 escaños, se pronunció por disolver la Corte Suprema.Buena parte de los jueces venezolanos, adujo el extremismo del gubernamental Polo Patriótico, es incompetente o fue elegida a dedo durante la hegemonía de los partidos Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y de Copei, democristiano, y con ella forjó una asociación mafiosa para atentar contra el Estado de derecho y enriquecerse prevaricando. Por tanto, añadieron, es pertinente la derogación o enmienda a fondo de las diez leyes fundamentales y normas que ordenan el funcionamiento de la justicia, y la creación de fundamentos y estructuras constitucionales reparadores. Es urgente, dijeron durante un debate que continuaba en la madrugada de hoy, la puesta en marcha de organismos dirigidos por profesionales del derecho, no del chanchullo.

Los analistas más escépticos temen que, al igual que ocurrió en el pasado con AD y Copei, la lealtad política al mando revolucionario constituya el principal mérito en el reparto de las togas La presidencia de la asamblea encargada de rematar al agonizante régimen bipartidista de los cuatro últimos decenios pretende, a juzgar por el contenido de sus propuestas, una reorganización de la judicatura sin mayores sobresaltos, manteniendo temporalmente a los magistrados de la Corte Suprema para restar argumentos a quienes denuncian que el nuevo Ejecutivo derriba las instituciones vigentes sin haber preparado su recambio, sin definir las características del órgano que eventualmente deberá asumir las funciones de la CSJ.

La situación es de alarma: en un país con 1.170 tribunales se tramitan 3.130 expedientes disciplinarios contra jueces o funcionarios, y hace pocos días era rescatado un anciano con 36 años de cárcel cumplidos, seis más de la condena máxima establecida en el Código Penal. La situación en las cárceles se ha convertido en dramática y los hechos de violencia se suceden casi continuamente por el hacinamiento de los reclusos, la falta de garantías procesales y la violación de los derechos humanos de los reos.

Conflicto internacional

El diputado independiente Allan Brewer, moderado entre el coro que reclama el desalojo de los magistrados bajo grillos, subrayó que el proyecto sometido a debate admite que la Constituyente no puede ni debe tocar a la Corte Suprema de Justicia porque crearía un conflicto innecesario, inclusive en el ámbito internacional. La "soberanísima", precisó, no debe convertirse en un tribunal de apelación, debe apoyarse en la legalidad vigente y promover el activismo del Consejo de la Judicatura, la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso a la judicatura y de evaluación de los jueces.Pero el Consejo de la Judicatura, protestaron otros, fue también apéndice de los partidos, resumen de las corruptelas de los Gobiernos anteriores, y mal puede promover la limpieza judicial, una instancia que ha sido cómplice de su enlodamiento. Mientras tanto, ninguneada, la presidenta de la Corte Suprema insiste en que los poderes constituyentes no pueden sustituir a los poderes constituidos, entre ellos la Asamblea Constituyente, contrariamente a lo que, de hecho, sucede.