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CRISIS POLÍTICA EN CEUTA Y MELILLA

Los socialistas intentan que un juez suspenda el pleno de la moción de censura en Ceuta

Anabel Díez

La última esperanza de los socialistas en Ceuta está en los jueces. El PSOE ha pedido al Gobierno que inste al fiscal, y éste a su vez a un juez, a ordenar la suspensión del pleno de la Asamblea convocado para el lunes, en el que los diputados del GIL intentan hacerse con el Gobierno autónomo con la ayuda de la tránsfuga socialista Susana Bermúdez, en paradero desconocido tras su pase al Grupo Mixto. Los socialistas remitieron ayer mismo un escrito al fiscal anticorrupción para que investigue si detrás de esta moción se esconden "presiones u ofertas ilegítimas" para condicionar la voluntad de Bermúdez.

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El responsable de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, se puso en contacto el pasado sábado con el ministro para las Administraciones Públicas, Ángel Acebes, para pedirle encarecidamente que el Gobierno actúe en Ceuta. Jáuregui solicitó al ministro que "con urgencia" se pusiera en contacto con la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. La ministra, según la petición del dirigente socialista, debía llamar al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y, a continuación, éste al fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. El artículo 18 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que la Fiscalía Anticorrupción "intervendrá directamente en procesos penales de especial trascendencia, apreciada por el fiscal general del Estado".El círculo se cerraría, pues, con la petición de Anticorrupción a un juez para que éste abra diligencias que puedan llevar a la suspensión del pleno del lunes en el que se votará la moción de censura contra Jesús Fortes, del PP. Acebes, según el relato de interlocutores socialistas, se mostró un tanto reticente a que desde el Ejecutivo se den esos pasos. "Y Jáuregui le dijo que al Gobierno le corresponde dirigir la política criminal del país", señalan los mismos interlocutores.

Mientras el Ejecutivo central decide si mueve o no su dedo hacia la fiscalía, el PSOE está elaborando ya un escrito dirigido al fiscal general del Estado para presentarlo en las próximas horas. Jáuregui conversó ayer con el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Fortes, al que también le pidió que instara al Gobierno a que actúe.

El problema está en las razones en las cuales se pueden apoyar el fiscal y el juez para tomar la medida drástica de suspender un acto político e institucional de un Parlamento autónomo. Los socialistas consideran que hay datos suficientes como para pensar que se está dando un caso de corrupción en la ciudad de Ceuta. "¿Dónde está Susana Bermúdez?" "¿Por qué su padre dice que si no cumplen con lo pactado con el GIL temen por su integridad física?". Ante esto Jáuregui considera que hay materia de tribunales. "No es descabellado que un juez pida a la policía que busque a Susana Bermúdez y que la interrogue y también a su familia para saber si están siendo objeto de coacciones".

Como primera medida unilateral y hasta ver si el Gobierno actúa, el procurador en los tribunales del PSOE presentaba ayer un escrito en la Fiscalía Anticorrupción. "Hay circunstancias y hechos en Ceuta que pudieran ser objeto de delito, como cohecho, coacciones, amenazas y otros". El PSOE rememora una serie de hechos desde que el 10 de agosto el GIL presentó la moción contra Fortes, con la firma añadida de la hasta entonces diputada socialista Susana Bermúdez. El PSOE sugiere que Anticorrupción debería investigar si algún grupo político interesado en que prospere la moción "o personas interpuestas" han podido incurrir en "delitos que contempla el ordenamiento" español. "Hay informaciones que hablan de supuestos ofrecimientos económicos y es posible que se esté atemorizando a algún firmante de la moción de censura".

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"Creemos que existe un verdadero peligro para la democracia en Ceuta, si se confirman esos hechos", continúa el escrito. "Debe haber una investigación con la mayor celeridad para aclarar estos hechos ya que cualquier demora en el esclarecimiento de la verdad podría originar perjuicios irreversibles para las instituciones".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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