Otro verano sin papeles en Totana

El salto a la fama de Totana (Murcia) ocurrió hace un año, cuando sus vecinos se convirtieron en protagonistas de una acción inusual en Europa. Era el verano de 1998. La Delegación de Gobierno de Murcia había ordenado la expulsión de España de 133 de los 500 inmigrantes ecuatorianos asentados en esta población de 20.000 habitantes desde hacía cinco años. La redada policial concluyó con 17 detenidos. La medida sorpresiva del Gobierno despertó en estas tierras una reacción de solidaridad sin precedentes. La noticia dio la vuelta al mundo. La concejal de IU Josefina Gálvez dice que conserva el ejemplar del The New York Times, que daba cuenta del hecho, y recuerda la presencia de varios medios de prensa extranjeros. Hoy Totana empieza a pagar el precio de aquellos días de gloria.En apenas un año, el número de ecuatorianos residentes en este pueblo se ha multiplicado por cinco. Esta comunidad ha pasado de 500 a 2.500 personas, que han llegado alentadas por la idea de que éste es el oasis en su éxodo para escapar del desempleo, que afecta al 50% de los trabajadores del país suramericano.

El movimiento de solidaridad con los inmigrantes fue iniciado por los empresarios, que habían encontrado en estos trabajadores la solución a la endémica falta de mano de obra agrícola. A los empresarios se sumaron los sindicatos, partidos y asociaciones civiles y, con la llegada de cámaras y periodistas, todo el pueblo. Los vecinos apreciaban la sencillez de los ecuatorianos, su innata discreción y timidez. Trabajadores de pocas palabras, acostumbrados a realizar labores pesadas, se habían adaptado al trabajo de las huertas de hortalizas y frutales, a su paisaje árido y a la vida de un pueblo pequeño. Eran hombres de fe, que rezaban en la misma lengua.

El pueblo se ha convertido en una bolsa de trabajadores sin papeles de toda la región. A esta masiva inmigración se han sumado las dificultades de legalización de las 500 personas, cuya expulsión motivó la protesta. Hasta la fecha, sólo un 30% de ellos cuenta con la tarjeta de residente y con un permiso de trabajo. El alcalde de Totana, el socialista Alfonso Martínez Baños, asegura que aunque la situación se encuentra bajo control, el pueblo podría verse desbordado.

Totana no se parece más a lo que fue. Antes de las seis de la mañana, decenas de hombres y mujeres se concentran en una rotonda a la entrada del pueblo, conocida como La Turra, hasta donde llegan los propietarios de las fincas para llevarse consigo a los trabajadores que requieren para la jornada. En cuanto uno de los coches aparca, los inmigrantes se agolpan alrededor. No se pacta el precio. Aceptan las condiciones sin rechistar. La ilegalidad de la situación de estas personas hace que la hora de trabajo fluctúe entre 450 y 700 pesetas.

Rocío, de 33 años, que hace tres meses dejó a sus tres hijos, cerró la tienda de barrio que, al borde de la quiebra, tenía en Quito, la capital ecuatoriana, y emprendió el viaje a España, asegura que nunca imaginó que el trabajo fuese tan duro. Permanece todo el día en cuclillas, "hasta pedir clemencia a Dios". Todos coinciden, sin embargo, en que el esfuerzo vale la pena. "Con uno o dos días de trabajo se puede comer y pagar los gastos del mes". El resto es ahorro. "En el Ecuador trabajaba como una bestia y mi familia pasaba hambre", dice Patricio. Junto a los ecuatorianos, un grupo de ucranios, entre ellos varias mujeres de más de 50 años, esperan también que el día sea productivo.

En La Turra se concentran sobre todo los recién llegados. Los demás, que tienen ya contactos con los propietarios de las huertas, han partido antes del amanecer en un viaje de hasta dos horas a lo largo y ancho de la región. Se desplazan a Lorca, Alhama de Murcia, Mazarrón. Y aún más lejos, a dos horas de distancia, en la ruta a Cartagena. Les esperan ocho horas de trabajo. A veces 10. Un bocadillo al mediodía. Y una siesta forzada junto a los melocotones.

La presencia de los ecuatorianos ha revitalizado la economía del pueblo. El indicio más claro es el precio de los alquileres. Un piso de 70 metros cuadrados, por el que antes se pagaban 25.000 o 30.000 pesetas, cuesta hoy 100.000. Aunque no existen cifras del impacto en la producción, se sabe que ahora se cultiva hasta en la última esquina de las fincas. Pero la situación irregular en que viven estos agricultores ha provocado que el salario en el campo vaya a la baja. Trabajan a destajo, y muchos nativos se sienten afectados.

Con el calor sofocante del mediodía, el griterío de las tórtolas augura el movimiento vespertino que se avecina. La masiva llegada de forasteros ha roto el silencio y empiezan a surgir problemas de convivencia. Al final del día, todos vuelven a Totana. Se encuentran en la calle. Los más humildes, los recién llegados, generalmente inmigrantes con poca cualificación, tienen una mirada de desconcierto. La actividad en los seis locutorios telefónicos es frenética. Coches destartalados circulan a toda prisa. Se estima que son ya 100. Ninguno tiene seguro y los conductores no tienen carné, puesto que no lo pueden tramitar. Ésta es la causa principal de la tensión que se vive en el pueblo. Algunos coches estacionados en la calle han sufrido choques de escasa importancia. Sus autores han huido del lugar por temor a las consecuencias. Los sucesos del año pasado supusieron una tregua para los sin papeles. Pero la tregua se ha extendido a los permisos de conducir. El voluntario de Cáritas Joaquín Usero asegura que el asunto de los coches es una bomba de tiempo. Últimamente, los ánimos están caldeados. En la calle y en la conversación de los vecinos se perciben expresiones de molestia. Martínez Baños confirma que la población empieza a estar incómoda por el proceso natural de adaptación que supone la llegada de los forasteros.

Los ecuatorianos también son conscientes de que los totaneros empiezan a sumar motivos de queja. Marco y Sonia, que estuvieron entre los 17 detenidos del año pasado, ven que el ambiente ya no es el mismo. Tienen la intención de partir en cuanto les sea posible. Pero ha pasado un año y aún no tienen sus documentos en regla. Los fines de semana, algunos amanecen tendidos en la calle durmiendo la borrachera, comenta esta pareja, que consigue enviar al Ecuador hasta 70.000 pesetas al mes para la construcción de su casa. La Policía y la Guardia Civil investigan la existencia de una red de tráfico y de explotación de trabajadores, que estaría en pleno funcionamiento. Odios menores afloran en las calles. Los comentarios sobre "los gamberros ecuatorianos" son frecuentes.

Josefina Gálvez, concejal de IU, está convencida de que la masiva llegada de los ecuatorianos se regulará por sí sola en la medida en que se vaya legalizando su permanencia en España. Cree, además, que la gente da demasiada importancia a los comportamientos impropios de los extranjeros. Las dos comunidades viven separadas, pero los antiguos vecinos mantienen viva la amistad y solidaridad surgida en otro verano.