Cuatro alcaldes socialistas del sur rompen el pacto para realojar chabolistas

VIENE DE LA PÁGINA 1 El convenio establece que, por ejemplo, un municipio cuya población suponga el 2% de habitantes de la región debe acoger esa misma proporción de familias chabolistas. De esa cifra hay que descontar los realojamientos asumidos desde 1995. Así, en Getafe, con 144.000 habitantes, deberían ser realojadas 48 familias; en Fuenlabrada (167.000 vecinos), 68 familias; en Parla (71.000 habitantes), 22 familias y en Pinto (26.000 residentes), 11 familias. El alcalde en funciones de Fuenlabrada y los regidores de Parla y Pinto consideran que en el reparto por municipios de las familias chabolistas deben de tenerse en cuenta otros criterios además del censo de población, como, por ejemplo, la renta per cápita de la localidad."Nadie que conozca la evolución de nuestros pueblos puede tacharnos de insolidarios; nos desvincularnos del acuerdo para exigir justicia no por insolidaridad", añaden. Acusan, asimismo, al Ayuntamiento de Madrid de desarrollar políticas "insolidarias con sus vecinos más desfavorecidos que tienen como resultado la marginación y la infravivienda".

Manuel Robles, alcalde en funciones de Fuenlabrada, explica que su municipio no forma parte de la comisión ejecutiva de la FMM que decidió el sistema de distribución de chabolistas. "Nuestro equipo de Gobierno se fue enterando de lo que se decidía por la prensa y, eso sí, una vez firmado el convenio nos lo enviaron", relata. El alcalde de Pinto, Antonio Fernández, es vicepresidente segundo de la FMM pero asegura que lleva un año sin asistir a las comisiones ejecutivas de este organismo "por el presidencialismo de su directiva". De ahí que no participara en el acuerdo sobre realojamientos.

El alcalde de Parla, Tomás Gómez, ya mantuvo un rifirrafe antes de la firma del convenio con el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, tras su negativa a realojar más chabolistas de la capital en su localidad "porque está fuera de los planes de desarrollo y ya tiene demasiada marginación". Su predecesor en el cargo, José Manuel Ibáñez, también del PSOE y miembro de la ejecutiva de la FMM, aprobó el convenio firmado pero Gómez no se siente obligado por ello a aceptarlo. "No voy a asumir un acuerdo del que no me han informado y que perjudica a mi municipio", concluye Gómez.

Por su parte, el alcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez, sigue considerando "positivo y razonable" el convenio que firmó como vicepresidente de la FMM (ahora es candidato a su presidencia). No critica la postura de sus compañeros de partido pero se pregunta por qué se rechaza un acuerdo que se adoptó por unanimidad.

La FMM no tiene ningún mecanismo jurídico para obligar a los ayutamientos a acatar sus decisiones. Sólo puede darles sugerencias. Pero la aparición de cuatro voces díscolas puede llevar a una cascada de deserciones porque, según los propios alcaldes opuestos al pacto, existen también voces críticas en ayuntamientos del PP.