Aznar emplaza a Garzón a no interferir en las competencias del Gobierno en el "caso Pinochet"
"Las relaciones exteriores de España, incluidas las relaciones con Chile, corresponden al Gobierno de la nación, no a ningún tribunal de justicia". José María Aznar criticó ayer, sin citarle expresamente, al juez Baltasar Garzón al emplazar a los tribunales a que no interfieran en las competencias que corresponden al Ejecutivo en las actuaciones judiciales en marcha para la extradición de Augusto Pinochet. "Me gustaría que el mismo celo y el mismo respeto que el Gobierno pone para las decisiones de los tribunales y para la independencia judicial se pusiera por todos los tribunales para lo que es el ejercicio de competencias que corresponden al Gobierno", recalcó Aznar tras despachar con el Rey en el palacio de Marivent en Palma.
Aznar no dio pistas sobre qué respuesta tendrán las gestiones del Gobierno chileno en busca de un arbitraje amistoso para el ex dictador Pinochet, retenido en Londres a petición de los jueces españoles y pendiente de una posible extradición. El presidente advirtió de que "no hay ni ha habido ninguna modificación en la posición del Gobierno" de respeto a los tribunales, y aseguró que, en todo caso, la respuesta que dé su Gobierno al de Chile no tendrá consecuencias contrarias a la ley, a la independencia judicial o al Estado de derecho. En las mismas declaraciones, Aznar tildó de "auténtico disparate" y de "subasta" la subida de las pensiones mínimas anunciada por varias comunidades autónomas.El jefe del Gobierno insistió en proteger la autonomía gubernamental, respetando siempre la independencia del Poder Judicial, y razonó que se ha dibujado un contexto polémico por algunos "ejercicios calenturientos" y "excesos" perpetrados. El caso Pinochet retomó su controversia político-judicial al revelarse los contactos emprendidos por el ministro de Exteriores de España, Abel Matutes, atendiendo las peticiones de su homólogo chileno, Juan Gabriel Valdés, para abordar un arbitraje que evite el enjuiciamiento y traslado a España del general chileno.
La providencia del juez Garzón al jefe de la diplomacia española, reclamándole información sobre el alcance de esa negociación extrajudicial relacionada con su sumario,está en el origen del enfado expresado por Aznar. "Ni el estudio ni la contestación [de la carta del Gobierno de Chile]", añadió, "pueden interpretarse como una interferencia al Poder Judicial, ni a la ley, ni al Estado de derecho. No habrá ninguna consecuencia que pueda infringir la ley". Luego, sin especificar el destinatario de sus palabras, exigió que "cesen algunas calenturas, porque son ya un poquito excesivas" y que terminen las "interpretaciones exageradas".
El presidente se dirigió también "al mundo de Herri Batasuna" para "pedirle y exigirle" una "clarificación concluyente", en un plazo inmediato -"que no tarde mucho", dijo-, tras los últimos acontecimientos de violencia callejera ocurridos en el País Vasco. "Eso [la clarificación pública] sólo pueden hacerlo ellos: ETA, que es quien manda, y Herri Batasuna", indicó después de advertir: "O se avanza en el respeto a las reglas democráticas, o se da marcha atrás". El responsable del Ejecutivo señaló a HB que "el Gobierno ha hecho en todo caso lo que tiene que hacer y ha dado los pasos correctos, concretos y adecuados". Pero evitó detallar si existen medidas destinadas a liberar o cambiar de destino a presos de la banda terrorista. Y concluyó: "Si malo es que no se respete el juego democrático, peor es la marcha atrás".
La subida de las pensiones mínimas, no contributivas o asistenciales, que ha decidido ya la Junta de Andalucía y anticipado la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de las Islas Baleares es para el presidente un grave riesgo. "No hay que hacer un país de auténtico disparate", "ni organizar una subasta a ver quién sube más", dijo en alusión a esta "fiebre y epidemia".El concepto de "igualdad de los pensionistas" es básico y, en su opinión, "no puede ser puesto en riesgo". Hay que evitar, dijo, que los 8.400 alcaldes, "por su santo", los consejos y cabildos, las diputaciones y los consejos comarcales aumenten las pensiones porque "son 700 pesetillas sin importancia". Más información en la página 38
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