Jesús Gil decide someter el PGOU de Marbella a la Junta después de un año de conflicto

,Después de un año de conflicto, el alcalde de Marbella, Jesús Gil, ha dado su brazo a torcer y remitirá a la Junta de Andalucía el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al menos, eso aseguró ayer, después de haber amenazado la semana pasada con no presentarlo. Esta vez hizo las declaraciones con calendario en mano: hoy, por primera vez en sus ocho años de mandato, se reúne la comisión informativa de Urbanismo para que la oposición haga "sugerencias y análisis", el próximo día 17 está convocado un pleno para aprobar el texto refundido del PGOU que reclamaba la Junta. Tras el mes pertinente de exposición pública, será remitido a la Comisión Provincial de Urbanismo.

Jesús Gil anunció las nuevas intenciones del gobierno municipal un día después de que el consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, asegurase que si Gil no presentaba el texto refundido, iba a ser la propia Junta de Andalucía la encargada de hacerlo, siguiendo las directrices de la Comisión de Urbanismo. En opinión del alcalde, esta actuación era "ilegal" porque no compete a la Administración autonómica. Sólo puede hacerlo la Junta si el Ayuntamiento no ha presentado la revisión del PGOU y, según Jesús Gil, la Corporación de Marbella sí lo ha hecho, aunque fue suspendido el 20 de julio de 1998. Gil reconoció que el texto que presenta hoy ante la oposición no asume todos los criterios de Comisión de Urbanismo. "De lo que está denegado, parte se retira y parte se presenta de nuevo, aclarando todo lo que se puede aclarar", aseguró. Y añadió: "Van por ahí diciendo que van a tirar edificios y que van a hacer tonterías, pero yo no necesito nada de la Junta. Tengo todo legalizado". El Ayuntamiento pretendía el año pasado declarar como nuevo suelo urbanizable unos 30 kilómetros cuadrados. La comisión de Urbanismo rechazó la operación en la mitad de ese territorio, incluidos 11 kilómetros cuadrados de terrenos forestales de alto valor ecológico. Aunque el Ejecutivo andaluz presentó un recuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la aprobación del PGOU por parte de Gil en el pleno del 7 agosto de 1998, que está pendiente de resolverse, el alcalde da por aprobado su plan. La razón: el TSJA archivó de forma definitiva el pasado 29 de julio la impugnación del grupo municipal socialista a la convocatoria del pleno. En opinión de la Junta, esta decisión del TSJA no entraba en el fondo del asunto y sólo ratificaba una decisión anterior que invalidaba la impugnación de la portavoz socialista, Isabel García Marcos, porque se ausentó del pleno del 7 de agosto de 1998. Gil aseguró ayer que su cambio de estrategia se debe a que quiere un "argumento jurídico más" para el recurso que tiene presentado ante el Tribunal Supremo contra la medida cautelar de la Junta que le suspendía la totalidad del PGOU mientras no rehiciera los puntos contrarios a la ordenación territorial. "Es lo que yo quiero, que me lo rechacen de nuevo para que quede claro que es de locos que te aprueben definitivamente una parte del plan y te lo dejen suspendido", manifestó. Por otra parte, Antonio Romero, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, ha remitido una carta a Fausto Bertinoti, presidente del grupo parlamentario italiano Refundación Comunista, para que inste a su Gobierno y a la Fiscalía a abrir una investigación sobre la presencia de la mafia italiana en la Costa del Sol. "Nos preocupan los datos que han surgido en el informe del fiscal Anticorrupción", aseguró. Esta formación presentó ayer también un decálogo para la lucha contra el crimen organizado en la zona, que incluye medidas tales como la creación de una comisión rogatoria que viaje a Italia para recabar la información que tenga la Fiscalía del país sobre las conexiones de Gil con la mafia así como la creación de un espacio judicial y policial europeo. Las propuestas se traducirán en la petición de comparecencias en el Congreso del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.