"La justicia no cambiará en España hasta que haya un nuevo ministro"

Núria de Gispert Català (Barcelona, 1949) es desde febrero de 1995 consejera de Justicia de la Generalitat, un departamento que siempre ha estado en manos de Unió Democràtica de Catalunya, el socio electoral de Convergència. Hija del que fuera primer consejero de Justicia en el Gobierno de Jordi Pujol y perteneciente a una saga de juristas, De Gispert lleva años reclamando la necesidad de una reforma global y en profundidad de la justicia.Pregunta. ¿Tan mal ve la situación actual?

Respuesta. La justicia en España está anquilosada en el tiempo y no ha tenido la transición democrática de otras administraciones, entre otras cosas porque no ha de examinarse cada cuatro años ante la ciudadanía. Si alguien va a un ayuntamiento y pide ver al secretario o al arquitecto municipal para plantearle una cuestión, no sólo le recibirán, sino que intentarán solucionársela, porque consideran que esa persona es un cliente. Si uno acude a la Administración de justicia y pide cualquier cosa es muy probable que la respuesta sea "Vuelva usted mañana", como hace 40 años, porque un funcionario está enfermo, el otro está desayunando... Lo que es impensable en cualquier administración todavía pasa en la de justicia.

P. ¿Quiere decir que 20 años de democracia no se han notado mucho en la justicia? R. La Ley Orgánica del Poder Judicial se aprobó en los primeros años de la democracia y entonces se creyó que era suficiente. Desde entonces, las reformas que se han hecho han sido pequeñas y puntuales. No se ha planteado una reforma en profundidad, entre otras cosas porque la mayoría de los ministros habían sido antes magistrados y en el Consejo General del Poder Judicial hay un grupo importante que proviene de la magistratura y cuesta mucho desde tu propio lugar decir qué cambios han de hacerse. En 20 años de democracia se ha gastado mucho dinero creyendo que con más jueces y juzgados, más personal y más informática se resolvería el problema de la justicia. Y la realidad es que ha ido peor porque la justicia tiene ahora una imagen peor que hace 10 años.

P. ¿En qué dirección?

R. La primera necesidad es alcanzar un pacto entre partidos. Se debería poner encima de la mesa todo lo que actualmente chirría, pero con un proyecto a cinco o diez años vista, no con parches. A partir de ahí se deberían abordar los temas fundamentales: jueces, las reformas procesales necesarias y la oficina judicial, pero todo en su conjunto y desde una visión global. Las reformas que necesita la Justicia no deberían haber empezado con una Ley de Enjuiciamiento Civil, que además ha creado un profundo malestar entre los abogados porque no se les ha tenido en cuenta. Y eso es grave.

P. ¿No tiene muy buena opinión de la ministra Mariscal de Gante?

R. El otro día un editorial de EL PAÍS la definía como "la desaparecida ministra", y es verdad. No hay manera de entenderse con ella, porque yo creo que no ve lo que ve la mayoría de la gente que está implicada en el mundo de la justicia. Así es muy difícil reformar la justicia. La justicia no empezará a cambiar en España hasta que haya un nuevo ministro.

P. ¿Se trata sólo de una cuestión de capacidad o hay otras razones?

R. De todo un poco. De entrada, creo que un ministro de Justicia no debería ser un magistrado, porque, aunque no quiera, se siente imbuido por sus compañeros. En el caso de Mariscal de Gante ese pasado es todavía más importante. Ella procede de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en toda España y muy imbuida de este sentido corporativista. Además, se ha rodeado de personas que no habían estado jamás en la Administración y esto al inicio de la democracia tenía sentido, pero después de 20 años es inadmisible. Ha sido un ministerio que se ha dedicado a hacer comisiones de estudios para hacer proyectos de ley, pero que no se ha preocupado de la vida real de la justicia. A eso se suma que la justicia no ha sido un objetivo prioritario del Partido Popular. Confío en que lo será en la próxima legislatura y, por tanto, que se buscará a una persona capaz de cambiar el panorama actual.

P. La llamada contribución de CiU a la gobernabilidad del Estado no se ha notado mucho en el mundo de la justicia.

R. En noviembre de 1998 el Grupo Parlamentario de CiU presentó una proposición no de ley que fue aprobada en febrero de este año con enmiendas de todos los grupos. En ella se planteaba una reforma de la justicia en estos tres grandes ámbitos: número de jueces, retribuciones, selecciones, política de personal, reforma judicial y oficina judicial. Era la primera proposición de ese tipo que aprobaba el Congreso por unanimidad y en el primer punto se hablaba de crear una conferencia sectorial. A estas alturas todavía está por constituirse, lo que demuestra la falta de voluntad política de la ministra y del PP. En Cataluña, Pujol ha empezado a ver la necesidad de esa reforma y en una reciente conferencia defendió que Cataluña tenga las máximas competencias según el Estatut y la Constitución y cuestiones tan importantes como que los funcionarios dejen de ser cuerpos nacionales. El único sentido que eso tiene es mantener una situación de corporativismo exagerada y de situación excepcional que hoy en día no la plantea ninguna administración.

P. ¿Usted también ha reprochado a la ministra en varias ocasiones su falta de sensibilidad hacia las comunidades autónomas?

R. El ministerio no ve la necesidad de hacer planteamientos conjuntos con las comunidades autónomas y continúa planteando los temas desde un centralismo exacerbado. Eso hace inviable cualquier reforma.

P. ¿Usted también cree, como el presidente del Tribunal Superior, Guillem Vidal, que la justicia funciona moderadamente bien en Cataluña?

R. Las personas son importantes para dar esa imagen. Y en Cataluña muchas de las personas que ocupan cargos de relevancia en la justicia tienen una imagen de proximidad, de buenas relaciones con las instituciones públicas y eso facilita que se pueda ver mejor la justicia en Cataluña que en España, aunque falten muchas cosas. Otra cosa es la voluntad política que tenemos en la Generalitat y que hemos demostrado invirtiendo 10.000 millones en mejorar los edificios judiciales. Comparativamente, la judicatura de Cataluña lleva más asuntos que la de cualquier parte de España. Eso significa que la gente de aquí trabaja más.

P. Pese a todo, ocurren situaciones incomprensibles, como que se suspenda un juicio por falta de jueces.

R. Sí y eso me produce una frustración, pero relativa, porque no se trata de una falta de medios materiales. Hace 10 años, cuando recibimos los primeros traspasos de edificios, soportamos muchas críticas que hasta entonces no se habían hecho al ministerio. Siempre digo que en Cataluña estamos poniendo el continente y ahora esperamos que el contenido también cambie y tengamos una justicia clara y moderna. Pero todavía no es así.