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Tribuna:

Ética

Difama, que algo queda. Y ya lo creo que queda. Queda una carrera política arruinada o, cuando menos, truncada porque alguien o algunos dejaron caer o difundieron la especie de que algo olía a podrido. Así le ha sucedido a Fernando Abad, uno de los políticos más brillantes y coherentes de la Federación Socialista Madrileña, donde no están precisamente muy sobrados de notables. Al señor Abad le acusaron, junto al ex consejero de Gobernación, Virgilio Cano, de haberse enriquecido irregularmente y de atesorar un patrimonio supuestamente más abultado del que sus ingresos le permitían conseguir. Nunca fue una acusación documentada, sólo la recopilación de rumores, dimes y diretes que, debidamente vertidos o aireados en el lugar y momento justos, causaron un efecto letal sobre la honorabilidad de estas personas. Esa circunstancia les hizo caminar a ambos políticos juntos en esta peripecia cuando los suyos eran casos muy diferentes.El cargo que ocupó el señor Cano durante su permanencia en el Gobierno de Leguina le permitía manejar unos presupuestos multimillonarios y distribuir, con un considerable margen de discrecionalidad, las inversiones que la Comunidad destinaba para el desarrollo de los municipios de la región. La suya, en consecuencia, siempre fue para la oposición una gestión bajo sospecha, hasta el extremo de que el grupo popular llegó a ponerle entre las cuerdas por el llamado caso Atocha. Nada pudo demostrarse ni prosperar en el terreno judicial, pero había circunstancias que podían abonar los recelos y las suspicacias con respecto al personaje en cuestión.

Con Abad no era el caso. Ni la posición que ocupaba ni su actividad profesional permitían en lo más mínimo suponer que tuviera siquiera la oportunidad de prestarse a cualquier turbio manejo. Un dato significativo es que ni en su lejana etapa como alcalde de Leganés, los rivales políticos cuestionaron en ningún momento su honorabilidad. Entre ellos sorprendió tanto verle en esa tesitura que, cuando aparecieron las primeras informaciones apuntando la posibilidad de que fuera excluido de las listas del PSOE por motivos éticos, recibió varias ofertas de significados dirigentes del Partido Popular manifestando su disposición a apoyarle en el trance certificando su integridad. Nada de eso sirvió para nada. Sin tener la menor prueba fehaciente de que existiera un comportamiento irregular del que Fernando Abad tuviera que avergonzarse, De la Quadra tomó la determinación de requerir su exclusión de la candidatura socialista a la Asamblea de Madrid, en la que hasta entonces tenía asegurado un puesto relevante. No fue una tibia sugerencia, sino una postura contundente, que defendió incluso amenazando al partido con dimitir cuando Cipriá Ciscar, desde la Comisión Federal de Listas, recomendaba mantener a Abad en la lista de Madrid. Algo que el arbitrario inquisidor tendrá que tragarse ante los resultados del expediente abierto a instancias del propio Abad sobre sus ingresos y patrimonio. Esa comisión ha significado "no tener elemento alguno, ni siquiera indiciario, que permita dudar de la honorabilidad y adecuado proceder en cuanto a su situación patrimonial". En sus conclusiones añade que los acontecimientos inducen a pensar que hubo filtraciones o comentarios insidiosos que no se corresponden con la verdad de lo sucedido. Demasiado tarde, el daño ya está hecho.

Las elecciones del 13 de junio han pasado, y ahora, desde el punto de vista político, no queda ni la posibilidad de reclamar al maestro armero. Abad, sin embargo, quiere hacer sangre, y quiere, en primer término, arremeter contra la diputada Elena Vázquez, a la que considera la principal responsable de propagar las injurias y calumnias que le han privado de su derecho constitucional a presentarse como diputado autonómico. Si así fuere y se demuestra taxativamente la autoría de tales acusaciones, la ex consejera de Integración Social deberá responder políticamente por ello, además de ofrecer una explicación bien documentada de qué fue lo que la indujo a denigrar de manera tan dañina a un compañero de partido. Una responsabilidad a la que tampoco debe escapar el propio Tomás de la Quadra, quien, teniendo tantas posibilidades de ejercer la labor depuradora que le fue encomendada en su partido, se entretuvo cebándose en una persona sobre la que nunca hubo indicios fundamentados de corrupción. No es posible asear éticamente un partido sin aplicar el principio de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. El PSOE tiene una deuda con Fernando Abad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de agosto de 1999