El fiscal califica de "inútiles e innecesarias" las preguntas del juez Garzón al ministro Matutes

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer el pliego de preguntas dirigido por el juez Baltasar Garzón al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, sobre la entrega de documentos del caso Pinochet a Chile y la existencia de un arbitraje amistoso al margen del procedimiento de extradición. La fiscalía entiende que las preguntas son "inútiles e innecesarias" y que Garzón empleó "requerimientos conminatorios" y no informó al ministro de sus derechos antes de tomarle una declaración judicial. El recurso, firmado por el fiscal Pedro Rubira, fue visado por el fiscal del Estado, Jesús Cardenal.

Según el recurso del fiscal Pedro Rubira, la media docena de preguntas dirigidas por Garzón, el martes pasado, al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, vulneran "de forma inequívoca" el artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que "el modo de obtener la información y documentos que interesa del ministro de Asuntos Exteriores no es mediante el empleo de requerimientos conminatorios, sino por medio de una exposición razonada". Este "grave quebranto de las normas y garantías procesales" debería ser suficiente, según el fiscal, para revocar la resolución de Garzón y dejar sin efecto las preguntas formuladas. Aun así, Rubira entra a analizar los dos apartados de diligencias pedidas por Garzón.El primero se refiere a la petición de que el ministro informe sobre un artículo suyo publicado en el diario chileno El Mercurio, en el que Matutes reconocía haber entregado a las autoridades chilenas informes del ministerio fiscal español oponiéndose a la extradición de Pinochet a España.

El fiscal califica estas preguntas de "inútiles e innecesarias" porque "versan sobre unas manifestaciones hechas en la prensa escrita que, de ser ciertas, afectarían al secreto del sumario y podrían dar lugar a un presunto delito de revelación de secretos del artículo 466 del Código Penal. "Todo ello", añade el fiscal, "sin indicar al ministro los derechos que le asisten, conforme al artículo 413 de la Ley procesal. Tampoco se dice en qué concepto se le toma esta declaración judicial".

En lo que al secreto del sumario se refiere, Rubira argumenta que en realidad tal secreto ya no existe porque las autoridades judiciales británicas dieron publicidad a lo relacionado con el procedimiento de extradición y en los medios de comunicación social tanto nacionales como internacionales se han publicado muchas actuaciones llevadas a cabo en ese procedimiento. "Por tanto", concluye el fiscal, "ningún secreto guarda este sumario que no haya sido divulgado y conocido, desde hace tiempo".

El fiscal alega después que el artículo 149.3 de la Constitución reconoce al Estado la exclusiva competencia sobre las relaciones internacionales. Por tanto, añade, "no es un acto que pueda ser sometido a la jurisdicción penal si el Gobierno de la nación consiente o no el realizar un "arbitraje amistoso" con otras naciones soberanas e independientes".

Agrega "de paso" el fiscal que España ya ha practicado este tipo de arbitrajes para resolver diferencias internacionales, como es el caso del llamado "comunicado conjunto" firmado por España y Guatemala el 22 de septiembre de 1984 en Bogotá. La Fiscalía insiste en que el arbitraje "no es jurisdiccional, ni por supuesto afecta a la independencia judicial", y en caso de ser cierto o de llevarse a cabo, "en nada afecta al procedimiento".

Respecto a la supuesta petición de un dictamen al Consejo de Estado, alega que "en nada afecta a la investigación judicial el que las autoridades administrativas recaben" esta medida. La Fiscalía termina pidiendo a Garzón que revoque su resolución

El recurso tendrá que ser resuelto por el propio juez Garzón previsiblemente a la vuelta de sus vacaciones, que inicia mañana. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, confirmó ayer que el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, "está informado" del contenido del recurso. El Ministerio de Asuntos Exteriores eludió pronunciarse sobre el recurso, si bien seguirá "con interés" su resultado, dijeron a Efe fuentes diplomáticas.

La conservadora Asociación de Fiscales criticó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por "arrogarse atribuciones que corresponden al Gobierno" y la Unión Progresista de Fiscales hizo lo propio por la actitud "obstruccionista y recalcitrante, poniendo todo tipo de trabas" a la extradición. Por el contrario, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura calificó de "muy positivo y atinado" el recurso de la Fiscalía. Jueces para la Democracia cree que la Fiscalía se ha convertido en "el garante de los intereses del Gobierno chileno".