Gobierno y oposición quieren que la nueva Ley de Extranjería se apruebe antes de fin de año

Tanto el Gobierno y sus socios de CiU como la oposición pretenden que la nueva Ley de Extranjería se apruebe en diciembre, antes de fin de año. Los plazos son muy estrechos, y un adelanto electoral podría dar al traste con todo. Existe un compromiso político que supondría en la práctica la regularización de casi todos los inmigrantes sin papeles. CiU, uno de los máximos impulsores de esta reforma, ha dado a conocer ya el borrador de la nueva norma y ese pacto para presionar al Ejecutivo de modo que, según reconocen en esta formación, no pueda echarse atrás y se vea forzado a aprobarla en esta legislatura.

La estrategia de CiU es clara: quiere que esta ley se apruebe cuanto antes y cree que si ahora se establece un debate sobre ella, se conseguirán disipar todas las reticencias que pueda haber dentro del PP. Sobre todo en lo que se refiere a una disposición adicional que se incluirá en ella instando al Gobierno a que regularice a todos los inmigrantes que puedan certificar que han llegado a España antes del 1 de junio de este año. Teniendo en cuenta que el colectivo de sin papeles escapa a cualquier control administrativo, es muy difícil cuantificarlo, aunque se estima que la cifra puede incluso superar las 100.000 personas.Pero, además, el borrador de la ley prevé que cualquier persona que certifique que lleva más de dos años residiendo en España, aunque sea de forma irregular, pueda acceder a un permiso de residencia. A este mecanismo, que excluye sólo a los delincuentes, podrán acogerse en la práctica todos los inmigrantes.

El borrador ha sido consensuado por todos los grupos, y el único problema es de plazos. El calendario que se han marcado llevaría a una aprobación en diciembre, pero en Izquierda Unida no se fían. Ésta es una ley que comenzó a gestarse en marzo de 1998, y todavía, según IU, ni siquiera ha sido debatida en la comisión correspondiente, lo que demuestra que podría retrasarse para que no pueda ser aprobada en esta legislatura. Por eso, ayer IU tildó de irresponsable al líder de CiU, Jordi Pujol, por haber dado a conocer "antes de tiempo" una reforma que podría quedar en nada.

Voluntad política

Sin embargo, todos los grupos parecen estar de acuerdo en que existe la voluntad política para que la aprobación se acelere. Desde el PP, Diego Jordano, representante de este grupo en la elaboración de la norma, está "totalmente convencido" de que, si no hay adelanto electoral, la ley se aprobará en esta legislatura: "Es el momento adecuado, el debate se puede hacer ahora porque hay consenso político". Una vez que la norma salga publicada, el Gobierno tendrá que hacer esa regularización extraordinaria. Siempre según los cálculos optimistas, en este caso de Jordano, tendrá lugar en enero o febrero.Esta es una iniciativa totalmente parlamentaria, no dirigida por el Gobierno. Pero también el Ejecutivo parece estar de acuerdo. José Ramón Ónega, director general de Política Interior, asegura que existe la voluntad política de que esta ley salga adelante. Tanto es así, que ya se están estudiando las "importantes" partidas presupuestarias que habría que destinar para ayudar a los inmigrantes regularizados.

Entre las novedades que introduce la ley, una de las más interesantes, para Ónega, es que los inmigrantes se podrán beneficiar si delatan a los responsables de las mafias que les trajeron a España y a los empresarios que se aprovechen de ellos. También Jordano coincide es que es muy importante, porque ahora los sin papeles no pueden hacer nada contra ellos por temor a ser expulsados. Lo que tiene muy claro el Gobierno es que es imprescindible que la ley sea "totalmente consensuada", según Ónega, porque considera que se trata de un "asunto de Estado" en el que todos los grupos tienen que estar de acuerdo. "Sólo así se conseguirá una ley duradera en el tiempo", según este alto cargo del Ministerio del Interior.

El Gobierno también parece haber aceptado que la ley vaya acompañada de un proceso de regularización extraordinaria similar al de 1991. En aquella ocasión, el Gobierno socialista dijo que no se volvería a repetir, aunque luego se hicieron otras. Ónega reconoce que, en cualquier caso, hablar del "último proceso" es utópico.

El PSOE admite que existe un consenso para hacer la regularización extraordinaria, aunque la diputada Matilde Fernández advierte de que "no hay nada firmado", por lo que todo podría acabar en nada. Fernández no es tan optimista como Jordano, y, al igual que IU, cree que es una irresponsabilidad por parte de CiU "poner el caramelo" a los inmigrantes, un colectivo muy delicado, cuando a la ley todavía le queda un largo camino por recorrer. En todo caso, si la filtración del borrador sirve para condicionar al Gobierno para que apoye la rápida aprobación de la ley, "bienvenida sea", según Fernández. Los trabajos se retomarán el 6 de septiembre, y si todo va bien, la ley podría llegar al pleno inmediatamente anterior o posterior al debate de Presupuestos, en octubre. De allí al Senado, y vuelta al Congreso en diciembre, cuando se aprobaría. Todo ello acelerando mucho los trámites y confiando en el gran consenso político que parece existir. Y con la incógnita de un posible adelanto electoral, que dejaría todo en agua de borrajas.