Todos los inmigrantes podrán acogerse a otra regularización extraordinaria

El PP, el PSOE, CiU y el PNV han acordado verbalmente que la nueva Ley de Extranjería establezca que todos los inmigrantes sin papeles que acrediten su entrada en España antes del 1 de junio puedan acogerse a una nueva regularización extraordinaria y acceder a un permiso de residencia temporal, según explicó ayer el diputado convergente Carles Campuzano. El borrador de la ley ya preveía que todos los extranjeros sin papeles puedan acceder a un permiso de residencia temporal si demuestran que llevan dos años en España.

Campuzano explicó que, aunque no figure en el texto del borrador de la ley, hay un acuerdo verbal entre los grupos parlamentarios para hacer "un proceso de borrón y cuenta nueva" y regularizar a los inmigrantes sin papeles que prueben su presencia en España desde antes del pasado 1 de junio. Está previsto que este punto se incluya en una disposición adicional de la proposición de ley, en la reunión que la ponencia que elabora el texto celebrará el 6 de septiembre. En este caso podrían estar unos 85.000 inmigrantes: 65.000 que han quedado excluidos del cupo anual para trabajadores inmigrantes y otros 20.000 que pueden haber llegado en los últimos meses, según anticipó EL PAÍS el pasado 22 de junio. Todos los inmigrantes que no se acojan a este proceso de regularización tendrán que ceñirse a la norma general y demostrar dos años de residencia. El borrador de la nueva ley garantiza el derecho a la sanidad de los inmigrantes irregulares en casos de enfermedades graves, urgencias y accidentes. Los colectivos de inmigrantes han mostrado su desacuerdo ya que los pacientes que sufran otras enfermedades no tienen asegurada la asistencia. Pero Campuzano ha dicho que hay también un acuerdo verbal entre los partidos para que en el artículo 14 de la ley se garantice la asistencia sanitaria en todos los casos. El proceso de 1991 En 1991 ya abrió el Gobierno socialista de entonces un proceso de regularización para arreglar la situación de miles de inmigrantes que vivían en la clandestinidad. En aquella ocasión, obedeciendo a una proposición del Parlamento, el Ejecutivo realizó ese proceso advirtiendo que sería "único" y "extraordinario" y que después se aplicaría la ley a rajatabla a quienes careciesen de documentación, además de establecer "rigurosos controles". El proceso, que se abrió el 10 de junio y se cerró el 10 de diciembre de 1991, permitía arreglar la situación legal de los inmigrantes que cumplieran tres requisitos: tener pasaporte en regla, acreditar que entraron en España antes del 15 de mayo de 1991 y disponer de un contrato de trabajo o bien "presentar un proyecto viable para montar un negocio propio". Un total de 133.000 inmigrantes cursaron sus solicitudes, de las que fueron aprobadas la casi totalidad. El Gobierno se vio abocado por el Parlamento a realizar ese proceso "extraordinario" para tratar de poner fin a la situación creada en 1985 con la promulgación de la Ley de Extranjería, cuya normativa dejó en la ilegalidad a miles de inmigrantes. ONG y sindicatos, además de partidos de izquierda, mantuvieron al finalizar el proceso "extraordinario" que miles de extranjeros habían quedado sumidos en la clandestinidad. En contra de los firmes propósitos del Gobierno de no volver a repetir el proceso de regularización de 1991, en mayo de 1996 se abrió otro periodo de cuatro meses para arreglar la situación de aquellos que pudieran probar que habían disfrutado de un permiso de trabajo o de residencia antes del 1 de enero de 1996. Con eso se pretendía arreglar la vida de quienes estando en situación irregular cumplían los requisitos del reglamento de Extranjería que entró en vigor en abril de 1996. Ahora, ante el borrador de la nueva Ley de Extranjería que maneja el Congreso, organizaciones de inmigrantes y ONG creen que mejora la actual normativa, pese a tener deficiencias. Las formaciones políticas están de acuerdo en ampliar los derechos y libertades de los extranjeros. SOS Racismo, el Centro de Información para Trabajadores Inmigrantes (CITE-CCOO) y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes de Marruecos en España (ATIME) piensan que el proyecto legislativo supondrá que "se siga dando prioridad a las políticas de control policial".