Un juez de Barcelona investiga a dos concejales del PSC por supuesta prevaricación

El juzgado de instrucción número 14 de Barcelona está investigando la adjudicación directa del contrato de limpieza de los vehículos de la Guardia Urbana que realizó una sociedad municipal, al considerar que fue ilegal. El juez ha citado a declarar como inculpados a la concejal de Seguridad y Movilidad, Carme San Miguel, al regidor del distrito Horta-Guinardó, Albert Batlle, ambos del PSC, y a cinco técnicos municipales por entender que su actuación "a todas luces se tipifica como un delito de prevaricación".

En el auto judicial en el que se acuerdan las citaciones, el magistrado Adolfo Fernández Oubiña relata que en el mes de julio de 1995 los directivos de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios SA Delfín Carod Felipe y Alfred Morales González acordaron la concesión directa de explotación de un garaje público a la sociedad Our Company SL "sin abrir el período de oferta pública previa al preceptivo concurso", asegura el juez, y "pese a tratarse de una sociedad carente de licencia municipal y de medios adecuados" para realizar la concesión. El garaje fue utilizado para guardar las coches-patrulla de la Guardia Urbana y está situado en la planta baja del edifico que acoge la Autofira, frente al hospital del Val d"Hebron. El juez relata que esos dos directivos de la sociedad municipal tenían delegadas competencias de la presidenta, Carme San Miguel, para dar concesiones municipales. Meses después y durante el mismo año 1995 dos altos responsables de la Guardia Urbana y la misma sociedad Our Company SL firmaron un contrato mercantil "alejado de las mínimas garantías administrativas", según el magistrado, por el que la sociedad obtuvo la exclusiva para el lavado de 135 vehículos de la Guardia Urbana de Barcelona "sin previa y pública licitación". El juez asegura que el precio establecido en este contrato es "a todas luces excesivo y de mínimo esfuerzo": 21.000 pesetas anuales por automóvil "más 11.000 cada vez que, por cualquier motivo, fuera necesario limpiarlo, necesidad ésta patente y reiterada, dada la actividad y servicios a que están destinados los automóviles". El contrato de concesión fue firmado por el jefe del servicio de automóviles adscrito a la Guardia Urbana, Salvador Espadalé Llovet, con el beneplácito de José Munt Albareda, responsable de recursos humanos del cuerpo policial, cuya responsable política es San Miguel. El juez explica que el contrato se firmó a pesar de que la empresa "carecía de un mínimo de maquinaria necesaria para prestar tal servicio" y que fue posteriormente, "con dinero de la Caja municipal obtenido por los ingresos de la exclusiva" cuando se compró. Desavenencias entre socios La investigación judicial se inició hace unos meses cuando surgieron desavenencias entre los socios de la compañía beneficiada de la concesión y uno de ellos acudió al juzgado. Al iniciarse el proceso penal, los dos jefes de servicios de la Guardia Urbana liquidaron la concesión e iniciaron los trámites para la contratación pública del servicio, según relata el juez. La defensa de los concejales había solicitado al juez que archivara la causa, pero esta petición no sólo ha sido desestimada sino que el magistrado ha acordado que se les tome declaración como imputados por si desean realizar alguna, ampliar o modificar algún aspecto de su anterior comparecencia en el juzgado. En este sentido, el magistrado censura con gran dureza la declaración que realizó entonces San Miguel al asegurar que "los actos de poca importancia, los delegaba". El instructor considera que esa actitud supone "un pseudo-elegante" menosprecio hacia negocios inferiores a mil millones de pesetas, y que así sus subordinados "procuran el enriquecimiento de particulares". PASA A LA PÁGINA 3