El Ayuntamiento defiende su actuación y afirma que el proceso judicial responde a "un conflicto entre socios"

VIENE DE LA PÁGINA 1 Un portavoz municipal defendió ayer la legalidad de la actuación del Ayuntamiento de Barcelona en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona y afirmó que la concesión directa del contrato para la limpieza de los vehículos de la Guardia Urbana es una posibilidad prevista por la ley. Las mismas fuentes explicaron que la defensa de Carme San Miguel y Albert Batlle ha solicitado un aplazamiento de su comparecencia ante el juez y que éste ha accedido a aplazarla. El auto de inculpación contra los dos concejales contiene reproches muy duros contra la actuación de ambos en este caso. Así, el juez afirma que la actuación de San Miguel delegando la concesión municipal supuso en la práctica que los beneficiarios de la concesión se librasen "de la obligación de pagar impuestos y de la de poseer los medios necesarios para hacer efectivo el buen cumplimiento del servicio concedido". Eso, y el hecho de que no abonasen la correspondiente licencia municipal "los sitúa en condición preferente en el acceso al mercado, en burla a la necesaria y lícita competencia". La instalación de las máquinas empleadas en la limpieza de los vehículos de la Guardia Urbana se realizó, según el juez, en una zona verde, por lo que acuerda la imputación del regidor del Distrito de Horta-Guinardó, Albert Batlle. La primera vez que prestó declaración ante el juzgado, Batlle afirmó que desconocía la ilegalidad de esa actividad al no ser informado por los técnicos. El juez considera que esa explicación "adquiere un aire patético" y precisa que "físicamente es imposible que el responsable municipal de un distrito desconozca la mayor zona industrial que existe en su zona de control". Finalmente, el juez imputa también a Enric Torrellas Figueras, jefe del servicio de inspección del distrito, al entender que la declaración que realizó de que no tenía tiempo para inspeccionar "le acerca demasiado a una burla en su obligada dedicación a la ciudadanía". El instructor de la causa, Adolfo Fernández Oubiña, es el juez de instrucción más antiguo de los 33 que hay en Barcelona y lleva 41 años en la carrera judicial. En los años 80 estuvo suspendido durante nueve meses por unas declaraciones que realizó sobre un caso judicial. Oubiña fue también el juez que el pasado mes de enero archivó la querella de un empresario contra el concejal socialista Francesc Narváez, "un hombre honrado y honesto", según le definió el juez.