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Las asociaciones de jueces y fiscales rechazan la fórmula del arbitraje en el "caso Pinochet"

Las asociaciones españolas de jueces y fiscales de todas las tendencias rechazaron ayer unánimemente que el futuro del ex dictador Augusto Pinochet pueda dirimirse al margen del ámbito judicial, mediante un arbitraje bilateral amistoso entre España y Chile, y exigieron que "se deje actuar a los tribunales". Los abogados de las acusaciones contra el ex dictador clamaron contra una decisión que, dijeron, "haría a España perder su credibilidad democrática" y enviaron una carta de protesta al presidente del Gobierno,José María Aznar, por la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes.

Las asociaciones de jueces y fiscales rechazaron la posibilidad de que el Gobierno acepte, previa consulta al Consejo de Estado, un arbitraje amistoso con el Ejecutivo de Chile para dirimir fuera del ámbito judicial la solicitud de extradición de Augusto Pinochet. Portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Francisco de Vitoria, de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) coincidieron en que la fórmula de un eventual arbitraje que soslaye el proceso de extradición sería "una decisión política", pero que será difícil arbitrar medidas que impliquen "la dejación de la competencia jurisdiccional española". El presidente de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Martínez Vares, señaló que el Gobierno "no puede influir sobre los tribunales" y si el Ejecutivo decide escuchar al Consejo de Estado no estaría vinculado por su informe. "Si está tramitándose la vía judicial, sólo los tribunales pueden concluir esa vía y ninguna recomendación del Gobierno puede influir sobre eso", comentó Martínez Vares. Sin embargo, el portavoz oficial de esta misma asociación, José Luis Requero, consideró "razonable" que el Gobierno pida un dictamen al Consejo de Estado, ya que este organismo está para elaborar aquellos dictámenes que se le reclamen "cuando las necesidades lo aconsejen". En su opinión, los gobiernos español y chileno están intentado llegar a una solución "desde el punto de vista político", para salir "del embrollo jurídico" en el que está el asunto. "Esto tiene todas las trazas de buscar una solución política a un asunto que, desde el punto de vista jurídico, tiene una base dudosa", insistió Requero. Para la portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, no cabe ningún arbitraje entre el Gobierno español y el chileno porque "vulneraría la Constitución española", cuyo artículo 118 obliga a "cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos". Además, advirtió que en este caso no es posible un arbitraje que sólo "está previsto cuando se produce un conflicto político entre los países, y no cuando se derive del cumplimiento de resoluciones judiciales". Comas significó que el Gobierno "no puede ir contra sus actos, al haber solicitado ya la extradición de Pinochet a Inglaterra". El representante de la asociación centrista Francisco de Vitoria, Lorenzo Pérez, dijo que el arbitraje "no sería una solución correcta", ya que "se debe respetar el principio jurisdiccional de cada país y la jurisdicción española está conociendo de unos delitos para los que se considera competente". El portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, Miguel Colmenero, se opuso a cualquier medida que suponga una impunidad expresa o encubierta de Pinochet. El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, también rechazó un posible arbitraje, "con independencia del apoyo legal que pueda tener en los tratados internacionales", ya que "los delitos son los suficientemente graves para que se deje funcionar a los tribunales". "Es una decisión política que, aunque tuviera algún tipo de soporte legal, no es de recibo", añadió. El portavoz de Amnistía Internacional, César Díaz, manifestó también su rechazo a la propuesta del Gobierno chileno que "impediría que siguiera adelante el proceso judicial". Joan Garcés, abogado de la acusación popular en el sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra Pinochet, aseguró que someter este caso a un arbitraje entre dos gobiernos provocaría "una crisis dentro del Estado de derecho español". "Me resulta asombroso que haya alguien en el Gobierno español que esté dispuesto a recibir lecciones de Derecho del país (Chile) que ha hecho gala de violación sistemática de los tratados internacionales suscritos por España", añadió Garcés. Carta a Aznar Los abogados de las acusaciones particular y popular por los crímenes cometidos en Chile durante la dictadura dirigieron ayer una carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, lamentando que el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, "pareciera ofrecer excusas por el hecho de que los tribunales de justicia estén investigando la responsabilidad personal de Pinochet". El equipo de abogados que dirige la acusación denunció, además, la entrega al Gobierno de Chile, por parte de Matutes, "de piezas que forman parte del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional de España y que son, según la ley, secretas para terceros". Los letrados se refieren "a la entrega en la Embajada de Chile de escritos del ministerio fiscal" y de dictámenes sobre el procedimiento judicial elaborados por los servicios del Ministerio español de Asuntos Exteriores y por expertos ajenos al mismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de agosto de 1999

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