Enajenaciones en entredicho

Uno de los criterios que ha sopesado el gobierno municipal para decantarse finalmente por la paralización de las obras del edificio del Prado es financiero. El equipo anterior había previsto cubrir con créditos y enajenaciones patrimoniales los 5.000 millones de pesetas que costaba el proyecto diseñado por Rafael Moneo. En noviembre de 1998, PP y PA, a la sazón en el gobierno, aprobaron una modificación presupuestaria de 6.000 millones de pesetas para atender, mediante créditos extraordinarios, los gastos de construcción del nuevo edificio municipal. Sobre esta consignación presupuestaria se realizó el pasado 25 de marzo la adjudicación de las obras a Dragados y Construcciones por un importe de 4.978 millones de pesetas. El 8 de junio, pocos días antes de la celebración de las elecciones municipales, la alcaldesa Soledad Becerril decretó el inicio del expediente para concertar operaciones de préstamo y dejaba constancia de su propósito de vender varios inmuebles municipales, entre los que citaba los de la plaza de la Encarnación, las calles Pajaritos, General Moscardó y Arenal, Almansa, Pastor y Landero. El PP argumentó que los ingresos obtenidos por estas enajenaciones se destinarían a la amortización parcial de la operación de préstamo de 6.000 millones de pesetas. Es en el capítulo de enajenaciones donde existe mayor controversia entre el actual gobierno local y su predecesor. El delegado de Hacienda, el socialista Carmelo Gómez, acusó al PP de falsear sus previsiones de ingresos por la venta de patrimonio. Gómez mostró los datos sobre valoración de inmuebles, tasados por la delegación de Patrimonio, que rebajan sensiblemente los 3.000 millones de pesetas, que el PP calculaba que obtendría por las enajenaciones. La ex delegada de Hacienda, la popular Carmen Diz, explicó que las diferencias se justifican por el salto entre el valor de inventario y el de mercado.