Vallejo mantiene que el PGOU de Marbella es ilegal, aunque el TSJA no ha anulado el pleno que lo aprobó

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que desestima el recurso en el que el PSOE pedía la nulidad del pleno del Ayuntamiento de Marbella que aprobó, el 7 de agosto de 1998, el plan urbanístico de la ciudad, ha generado dos interpretaciones opuestas en apenas 24 horas. Si el alcalde de Marbella, Jesús Gil, consideraba el domingo que esta decisión daba validez jurídica a las decisiones acordadas por el gobierno municipal, el consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo aseguró ayer no sentirse preocupado "porque [el tribu-nal] no se pronuncia sobre el contenido del pleno". "Por muy válido que sea un pleno, eso no significa que pueda aprobar algo para lo que no es competente", indicó Vallejo, quien recordó que su departamento ha interpuesto un recurso sobre las decisiones allí adoptadas ante el TSJA, que aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión. En el pleno del 7 de agosto de 1998 el GIL aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, a pesar de que la Comisión Provincial de Urbanismo suspendió el plan marbellí el 20 de julio y ordenó al Ayuntamiento la elaboración de un texto refundido que recogiera la modificación del 85% de la propuesta del gobierno municipal. Gil hizo caso omiso, escudándose en que la Comisión no trasladó su resolución al Boletín Oficial de la Provincia (BOP). "Gil tiene que acatar las resoluciones de la Comisión Provincial de Urbanismo, hacer un texto refundido del PGOU y dejar de generar incertidumbre en cada uno de los que quieren invertir en Marbella", terció Luciano Alonso, delegado de Gobierno de la Junta en Málaga. Alonso se reafirmó en que la resolución de la Junta fue enviada al Boletín Oficial de la Provincia antes de que Gil remitiera la suya, cumpliendo todos los trámites legales, informa Europa Press. La portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, abundó ayer en que la providencia del pasado 29 de julio del TSJA no otorga validez, como pretende Gil, al pleno del 7 de agosto de 1998 y dijo que habrá que esperar a que se resuelva la impugnación que hizo la Junta al acuerdo plenario "que es la que entra en el asunto". El PSOE presentó el recurso contencioso administrativo que ahora ha denegado el TSJA al considerar que se habían violado su derecho de participación política por no haber tenido acceso al expediente que se llevaba a la sesión. En enero el Tribunal lo desestimó porque el grupo se marchó del pleno y no votó en contra de la urgencia de la sesión. Es esta decisión la que ha hecho firme después de que venciera el plazo que los socialistas tenían para recurrirla. "Gil miente de nuevo, pero lo más importante es que lo hace para tranquilizar el ánimo de los promotores con los que ha firmado convenios urbanísticos y que está haciendo un daño tremendo al inversor decente que se retraen ante la grave inseguridad jurídica", manifestó la portavoz municipal. Gil, por su parte, no sabe todavía si presentará a la Comisión el texto refundido del PGOU, pero dejó bien claro que no cree tener ninguna obligación de hacerlo al amparo de la providencia del TSJA. "Me da igual porque puedo dar todas las licencias que quiera: tengo aprobado mi pleno", manifestó. Si por la mañana daba a entender que no lo presentaría, al mediodía se quedaba en un quizás. "A lo mejor lo hago para demostrar el fraude de la Junta", dijo.