Los sindicatos plantean al Gobierno 21 reivindicaciones para la legislatura

Los máximos dirigentes de CC OO y UGT en la región, Rodolfo Benito y José Ricardo Martínez, así como el presidente de los empresarios madrileños, Fernando Fernández-Tapias, desfilaron ayer por el despacho del presidente regional por primera vez desde las elecciones del 13-J. Fue una toma de contacto cordial, pero los sindicatos aprovecharon para entregar a Alberto Ruiz-Gallardón un listado con 21 reivindicaciones sociales con vistas a la recién estrenada legislatura.

La primera demanda sindical es recurrente: más empleo. El segundo mandato de Alberto Ruiz-Gallardón debe coincidir, según el deseo de José Ricardo Martínez y Rodolfo Benito, con los contratos estables, las jubilaciones anticipadas, la drástica reducción de la siniestralidad laboral y las subvenciones públicas a los llamados nuevos yacimientos de empleo (sectores productivos en auge, como el entretenimiento audiovisual, el cuidado del medio ambiente o los servicios domésticos, dirigidos, por ejemplo, al cuidado de niños o ancianos).

Menor jornada laboral

Pero el ramillete de pretensiones sindicales es mucho más exhaustivo. Los secretarios generales de los dos sindicatos seguirán dando la batalla por la reducción de la jornada semanal a 35 horas, la regularización de los inmigrantes, la promulgación de una ley de rentas mínimas para las familias sin ingresos o la penalización de las empresas de trabajo temporal, a las que el responsable de CC OO, Rodolfo Benito tildó ayer de "semilleros de precariedad". De entrada, el presidente Ruiz-Gallardón dijo sí a todo. Empezará a negociar con sindicatos y empresarios a partir de septiembre. "Para ser sinceros, el presidente no ha puesto ni una sola pega a ningún asunto. No hay censura previa, y ése es un buen síntoma", admitió el ugetista José Ricardo Martínez.

El siguiente en despachar con el presidente regional fue Fernando Fernández-Tapias, responsable de la asociación empresarial CEIM.

El patrono de patronos presumió de que la "paz social de los últimos años" ha disparado la inversión (en especial la extranjera) en la región, pero no perdió la oportunidad de recordar a los sindicatos su oposición a la jornada de 35 horas, reivindicada por las centrales sindicales. "Por un lado, una cosa así no se puede aplicar por ley, porque sólo generaría desempleo y la inviabilidad de muchas empresas", alertó Fernández-Tapias, quien añadió: "Además, no se puede pretender que por 35 horas de trabajo se cobre como si fueran 40".

Consenso

El consejero de Economía, Luis Blázquez, no fue ajeno al tono de buenas intenciones que presidió la cita. "Casi todos los temas planteados pueden ser objeto de consenso", prometió, y adelantó que las transferencias sanitarias y del Inem pueden ser un hecho a lo largo del año 2000.