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El Gobierno catalán suspende el decreto de doblaje del cine hasta junio del año 2000

A cinco días de la fecha en que debía entrar en vigor el decreto del cine que impone cuotas de catalán en el doblaje, el Gobierno de la Generalitat ha decidido suspenderlo durante casi un año. El Consejo Ejecutivo aprobó ayer su aplazamiento hasta el 1 de junio del año 2000. Ésta es la segunda vez que el Ejecutivo que encabeza Jordi Pujol retrasa la aplicación de la norma, que inicialmente estaba prevista para el pasado de 17 de marzo. La justificación en los dos casos es la misma: facilitar la negociación con las distribuidoras estadounidenses, las principales afectadas por el decreto.

Las multinacionales del cine, también conocidas como majors, se opusieron desde un principio al decreto de la Generalitat, aprobado en septiembre del año pasado, que obliga a doblar al catalán la mitad de las copias de las películas más taquilleras; es decir, productos de Hollywood. En caso de incumplimiento, la norma prevé sanciones. La imposición y el temor a que la puesta en marcha de las cuotas de doblaje sentase un precedente en otros países con lenguas minoritarias levantó al sector de la distribución en contra del decreto. En medio de la polémica, la normativa autonómica sufrió un primer revés. Fue en febrero, cuando el el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó sin efecto la capacidad sancionadora, lo que desactivó el texto jurídico. Después de eso, la actitud del Departamento de Cultura de la Generalitat, que dirige Joan Maria Pujals, cambió. Y tanto el consejero como el propio Pujol empezaron a hablar de negociar con las distribuidoras norteamericanas la aplicación del decreto. Antes, el 29 de enero, Pujals y el director general de Política Lingüística, Lluís Jou, tuvieron en Washington una primera reunión con Jack Valenti, presidente de la Motion Picture Association (MPA), que agrupa a las principales majors. Pero no fue ese encuentro sino la decisión judicial de paralizar los artículos del decreto que hablan de sanciones la que precipitó la primera decisión del Gobierno de Pujol a aplazar la norma hasta el 31 de junio. Sucedió el 9 de marzo. Disposición La justificación que dio entonces el Ejecutivo catalán fue que la suspensión facilitaba el clima de diálogo con las majors. Ayer, la explicación fue prácticamente idéntica. Jou dijo que la primera vez la Generalitat acordó retrasar el decreto cuando las distribuidoras pasaron de estar totalmente en contra del mismo a mostrarse abiertas a la negociación. En este segundo caso, añadió el director general, se ha decidido posponer la entrada en vigor de la normativa al comprobar que, por primera vez, las distribuidoras se han mostrado dispuestas a doblar al catalán. "Ahora", señaló el director general, "necesitamos tiempo para cerrar un acuerdo que nos parece cercano y poderlo poner en práctica". Jou no quiso dar detalles sobre el contenido de las negociaciones y el Departamento de Cultura se limitó a difundir una nota en la que enumera todas las reuniones que los responsables del área lingüística han mantenido con el sector del cine en lo que va de año. Con Jack Valenti ha habido tres. Además de la ya mencionada, el directivo estadounidense se vio con Pujals y Jou el 17 de mayo en Cannes, coincidiendo con el festival de cine, y el pasado viernes, en Washington. Además, el consejero catalán y su director general han mantenido varios encuentros con una delegación negociadora de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y con su presidente, Luis Hernández de Carlos. El propio Pujol ya preparó la semana pasada el terreno para esta nueva suspensión al declarar que no tendría ningún inconveniente en aplazar el decreto si eso facilitaba el acuerdo con las multinacionales del cine. Las reacciones políticas al nuevo aplazamiento del decreto no se hicieron esperar. El portavoz del PP en el Parlament, Josep Curto, atribuyó la decisión a la "debilidad e inconsistencia" del Gobierno de Pujol "para promover leyes que él mismo impulsa". El presidente de IC-V, Rafael Ribó, calificó la medida de "muy poco seria". "Dice muy poco en favor de un país y de sus pretensiones el que su Gobierno se dedique a este tipo de mercadeos", precisó. Por su parte, Josep Huguet, en nombre de ERC, consideró el aplazamiento "una manera de esconder un fracaso de la Generalitat ante las multinacionales, que se han mostrado insensibles frente a las necesidades de los ciudadanos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de julio de 1999

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