Los abogados critican la Ley de Enjuiciamiento Civil porque "está cuajada de defectos"

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que la Comisión de Justicia pretende impulsar entre hoy y el jueves en el Congreso para su aprobación en pleno en septiembre, ha sumado finalmente un gran consenso político, pero el nulo respaldo de los abogados. El Consejo General de la Abogacía Española exigió ayer su retirada por creer que "está cuajada de defectos y vulnera derechos fundamentales" en favor de los poderosos.

El Consejo de la Abogacía, órgano en el que están los 83 decanos de los colegios de abogados, que agrupan a los 93.000 letrados en ejercicio, ha dictaminado que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil que el Gobierno del PP pretende aprobar en esta legislatura "podrá herir de muerte a la justicia española". El Consejo determina que ese proyecto, "cuajado de defectos y vulnerador de los derechos fundamentales", está abocado al fracaso en su aplicación.El Consejo de colegios de abogados, que preside Eugeni Gay, considera como algo "inconcebible" que el Gobierno "haya habilitado el mes de julio" para precipitar el debate final de ese proyecto. Dice que esa ley no sería respetuosa con los artículos 24 y 119 de la Constitución, que establecen las garantías "del derecho de defensa y el de asistencia jurídica gratuita para quienes lo necesiten". Y recalcan que la máxima de la igualdad de todos ante la ley, ese "valor supremo del ordenamiento jurídico, queda en entredicho" al no asegurar las mismas oportunidades a todos y favorecer "a los más poderosos económicamente y perjudicar a los más débiles".

Los abogados entienden que la ley, intentando eliminar formalidades, permite que en determinados procesos (asuntos menores de 150.000 pesetas) las partes se representen a sí mismas sin necesidad de abogados o procurador. También les molesta que el Gobierno haya justificado la nueva ley como la mejor forma de acabar con el atasco en los juzgados de lo civil. Algún decano ha subrayado que el hecho de acortar determinados plazos no tiene por qué agilizar procesos.

El Gobierno, y la mayoría de los grupos parlamentarios, parecen opinar lo contrario. La comisión del Congreso que estudiaba esta ley aprobó la semana pasada su dictamen final, que será el sometido desde hoy a votación. Sólo CiU ha mostrado su radical oposición, entre otras razones porque quiere que el conocimiento de las lenguas autonómicas sea considerado un "requisito", y no un mérito. PSOE, IU, PNV y Coalición Canaria podrían arropar en septiembre al PP cuando se apruebe el proyecto en pleno, lo que facilitaría su paso al Senado y su regreso antes de que termine la legislatura.

El secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, cree una presión "lamentable" la actitud del Consejo con los diputados, intuye que contará con el apoyo general de los partidos y muchos colectivos, y niega que esa ley vaya a perjudicar a los débiles. González Montes sólo se explica la oposición de los abogados por un afán corporativo.