Rato cree "muy grave" que cada comunidad pueda aumentar unilateralmente las pensiones

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, se mostró ayer muy pesimista sobre los posibles efectos del auto del Tribunal Constitucional sobre la subida de las pensiones no contributivas aprobada por la Junta de Andalucía. "Que las pensiones públicas sean distintas en cada comunidad autónoma es un precedente que sería muy grave", dijo en Granada Rato, que solicitó "un poco de cordura" a las autonomías para que no se embarquen "en una carrera a ver quién da una mejor oferta a los pensionistas". Precisamente el temor a que otros Gobiernos autónomos copiaran a Andalucía fue uno de los motivos que llevaron al Ejecutivo central a recurrir ante el Constitucional.

El principal temor del Gobierno no era tanto la subida de unas 700 pesetas al mes (abonadas en una paga única de 9.395 pesetas) de las pensiones no contributivas de 101.900 andaluces, que se cuentan entre las más bajas de España, como que el resto de las comunidades siguieran el mismo camino en plena precampaña de las elecciones del 13-J. Por ello decidió recurrir el decreto de la Junta, así como otro posterior en el que se establecía que la ayuda se haría en un pago único en marzo.Este temor fue recogido ayer por Rato, que pidió a los gobiernos autónomos que deslinden "lo que pueda haber de demagogia con las pensiones", para que no comience "una carrera a ver quién da una mejor oferta para los pensionistas". Por ello, exigió "colaboración leal de las administraciones para que cada una, según sus competencias, pueda desarrollar políticas de redistribución, pero recuperando la cordura".

Rato, que participó en Granada en la clausura del IX Congreso del PP andaluz, explicó que lo único que ha hecho el Constitucional es levantar la suspensión de los decretos de la Junta que aprobaban la ayuda complementaria a las pensiones no contributivas por jubilación o invalidez, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. El vicepresidente dijo que es "indudable" que las comunidades autónomas tienen capacidad "para realizar las políticas de redistribución que les parezca", aunque, a su juicio, el mejor instrumento para hacerlo es el salario social. "Es por ahí por donde debemos caminar", precisó, ya que "las pensiones públicas deben mantenerse igual para todos los españoles".

Larga polémica

El auto del Constitucional fue firmado prácticamente el mismo día en que el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, anunció en Santander que el Gobierno se está planteando mejorar las pensiones mínimas (que oscilan entre 37.995 y 67.050 pesetas) con el consenso de todas las fuerzas políticas y dentro de los trabajos parlamentarios previstos para el próximo año en el Pacto de Toledo. La decisión del tribunal fue también simultánea al anuncio del Ejecutivo socialista andaluz de que volverá a subir el año que viene las pensiones no contributivas por encima del IPC.

Ayer, el PSOE andaluz destacó, por boca de su secretario de Organización, Luis Pizarro, que la resolución del alto tribunal "desautoriza" y "desmonta" los argumentos del PP, ya que el ex ministro de Trabajo Javier Arenas y su sucesor, Manuel Pimentel, sostienen que la medida rompe la unidad de caja de la Seguridad Social y niegan al Gobierno autónomo competencias para complementar las pensiones no contributivas. En ese punto incidió ayer el consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, informa : "La alegría no es porque el batacazo del PP haya sido tan claro, tan rotundo, y hayan hecho el ridículo en el recurso contra una decisión del Gobierno de Andalucía, sino porque hemos conseguido fijar un nuevo parámetro en lo que suponen las políticas sociales desde un gobierno autonómico".

Más contundente fue la ex ministra socialista de Asuntos Sociales e impulsora de la Ley de Pensiones no Contributivas, Matilde Fernández, para quien el Constitucional ha evidenciado que el Gobierno "está frenando la lucha contra la exclusión social", informa Servimedia. Fernández resaltó: "Entre el último presupuesto inicial del Gobierno socialista de 1995 y el del PP de 1999 hay una reducción de casi dos billones de pesetas, un 2,34% menos del PIB, para gastos sociales; y esto lleva a que el porcentaje de familias en riesgo de exclusión social crezca". Los socialistas andaluces van a pedir a sus compañeros en el Congreso que retomen una iniciativa parlamentaria para que las pensiones más bajas, contributivas y no contributivas, suban por encima del IPC, de forma que al cabo de unos años alcancen el salario mínimo. La Junta también perseguía con su medida abrir un debate nacional sobre las pensiones más bajas y para revisar el Pacto de Toledo. Ésa será precisamente una de las peticiones que CC OO y UGT cursarán mañana a Rato y Pimentel, durante una reunión para conocer las líneas presupuestarias del 2000. El secretario de Información de CCOO, Javier Doz, explicó ayer a Efe que la subida de las pensiones debe ser abordada inmediatamente, sin posponerla al Pacto de Toledo.

Izquierda Unida también salió ayer a la palestra de la mano de su portavoz de Economía en el Congreso, Pedro Antonio Ríos, que consideró una "vergüenza" que el Gobierno recurriera la subida. "Hablamos de 700 pesetas, y si al Gobierno esto le parece una afrenta, que suban ellos 1.000. El crecimiento económico de España en los tres años de Gobierno del PP ha sido de 11 billones", prosiguió Ríos.

"El Gobierno tendría que haber destinado parte de la riqueza del país a que las pensiones mínimas hubieran subido por encima del IPC y a que las no contributivas empezaran a ser dignas", dijo.