En territorio de nadie

Para un buen número de ayuntamientos, son poblaciones que no existen a efectos administrativos y, por tanto, no es necesario cubrir sus necesidades de servicios o infraestructuras. El precio que han de pagar los que un día construyeron su vivienda en una urbanización ilegal, por desconocimiento o por puro atrevimiento, es, con frecuencia, demasiado alto. Las redes de abastecimiento y saneamiento de agua escasean, al igual que la retirada de basuras o la pavimentación y alumbrado de las calles. En esta situación, y a falta de datos actualizados, viven, como mínimo, 30.000 familias andaluzas. La información que recopiló la Consejería de Obras Públicas en 1992 ofrecía un panorama alarmante. En el conjunto de la comunidad se identificaron unas 800 urbanizaciones en situación de ilegalidad o irregularidad administrativa, de las que 600 se disponían sobre suelo no urbanizable y 92 en terrenos de especial protección. En total albergaban unas 76.000 parcelaciones, de las que 29.000 habían sido edificadas sin permiso. En la mayoría de los casos se trataba de segundas residencias en el entorno de las capitales. Casi el 80% de los núcleos inventariados se distribuían en la periferia de las capitales, salvo Málaga, donde la dinámica turística de la Costa del Sol forzó históricamente la extensión de los terrenos urbanizables y la legalización de muchos de estos núcleos irregulares. El restante 20% correspondía a cuatro tramos litorales: Estepona-Marbella, Fuengirola-Torremolinos, Nerja-Almuñécar y la costa oriental de Almería. Un atentado Aunque los expertos advierten de que en estos últimos años se ha frenado el ritmo de crecimiento de este tipo de asentamientos, el problema sigue vivo. Así lo demuestran las múltiples quejas que llegan al Defensor del Pueblo Andaluz, que en su último informe al Parlamento no dudo en calificar este asunto como de "perfecto atentado a la integridad territorial de Andalucía por su gravedad, por su enorme entidad y, sobre todo, porque su existencia sólo se explica en función de la propia responsabilidad de las administraciones públicas". Este departamento está preocupado por las repercusiones sanitarias que se derivan de la ausencia de servicios mínimos en urbanizaciones "habitadas por miles de personas". La negativa de los ayuntamientos a recepcionarlas, al carecer de la más mínima fundamentación urbanística, "es la excusa jurídica para darle la espalda a una realidad surgida, día a día, con el perfecto conocimiento de las autoridades", denuncia el Defensor. Obras Públicas ya advirtió de que un elevado porcentaje de este tipo de viviendas resolvían el abastecimiento de agua mediante sistemas individuales (pozos sobre todo), no siempre sometidos a control sanitario. Lo mismo ocurría con las aguas fecales o la retirada de basuras. Tan sólo el suministro eléctrico, al depender de empresas privadas, estaba garantizado en casi todas las urbanizaciones. Estudios más detallados insisten en estos riesgos. Uno de ellos, del Servicio Andaluz de Salud, ha servido para precisar el saneamiento y salud medioambiental de 75 urbanizaciones de la periferia de Córdoba capital y Carmona (Sevilla), en las que viven cerca de 32.000 personas. El agua que recibe el 77% de estas urbanizaciones presentaba contaminación, y sólo 17 de los asentamientos revisados contaba con un suministro considerado potable. Las aguas residuales se eliminan casi siempre recurriendo a pozos negros (75%), cuando no se arrojan, sin tratamiento, al terreno o a los cauces próximos (15%). Porcentajes similares se obtuvieron en el capítulo de las basuras, ya que el 67% de los núcleos analizados no disponían de sistemas que garantizara el tratamiento sanitario de los residuos. Aunque se llegara a impedir el establecimiento de nuevas urbanizaciones ilegales, regularizar las existentes y dotarlas de los servicios e infraestructuras adecuadas es una tarea que no está al alcance de muchos de los municipios afectados. Así lo cree el Defensor del Pueblo Andaluz, para el que "cuando se pretende abordar los efectos distorsionadores de estos asentamientos en la vida de los municipios, su solución deviene casi imposible o, cuando menos, con unos costes sociales y económicos implanteables para los ayuntamientos".