El ministro del Interior advierte de que "ninguna Administración debe minusvalorar" un ataque racista

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, advirtió ayer de que ataques racistas como los de los últimos días en Terrassa (Barcelona) y Banyoles (Girona) pueden ser considerados por algunos como "brotes aislados" de xenofobia, pero que "ninguna Administración debe minusvalorar los hechos". La Generalitat de Cataluña, por medio de su consejero de Gobernación, Xavier Pomés, calificó el martes como una gamberrada el incendio provocado en un piso de Banyoles, en el que tres mujeres gambianas sufrieron heridas al saltar por un balcón huyendo de las llamas.Mayor, que hizo sus declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados antes de comparecer ante la comisión parlamentaria de Justicia e Interior para informar de la actuación policial en el desalojo del poblado rumano de Malmea, en Madrid, añadió que, en cualquier caso, los españoles han dado sobradas muestras de no tener sentimientos xenófobos. "Tampoco hay que dramatizar determinadas situaciones", concluyó.

La ley de extranjería

Por otra parte, la Generalitat y las asociaciones y entidades que integran el Consejo Asesor de Inmigración del Gobierno catalán elaboraron ayer un manifiesto en el que exigen que se modifique la ley de extranjería, que consideran discriminatoria, y que se regulen los derechos y los deberes de los inmigrantes. El Consejo Asesor, presidido por el consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, está integrado por representantes de la Comisión Interdepartamental de la Inmigración de la Generalitat, entidades locales, diversas ONG y colectivos de inmigrantes, sindicatos, empresarios, asociaciones de vecinos y expertos en la materia.A la reunión, convocada para tratar sobre los últimos actos racistas que se han producido en el barrio de Ca n"Anglada, de Terrassa, y en Banyoles (Girona), asistieron también representantes de diversas entidades egarenses.

"La ley actual es policial e injusta y atenta contra los derechos humanos. Se ha de impulsar una normativa que regule los derechos y los deberes de los inmigrantes. Queremos que todos los catalanes tengan los mismos derechos y ahora esto no es así", dijo Comas en la rueda de prensa posterior. También recordó que lleva tres años pidiendo la modificación de la ley, elaborada durante el mandato del PSOE y a la que CiU apoyó en su momento, ya que considera que es una ley de cupos que no ayuda a la integración de los inmigrantes y que puede dar lugar a situaciones "muy injustas".

Entre éstas, el consejero destacó que puede darse el caso de que un inmigrante que lleva 30 años trabajando en España no tenga derecho a cobrar una pensión cuando se jubile porque sus permisos de residencia y de trabajo no coincidan. También apuntó que esta ley ha hecho posible la existencia de personas "ilegales", algo que no es posible en un Estado de derecho: "Si alguien es ilegal, ¿quién le va a dar trabajo o a alquilar una casa?, ¿cómo va a vivir? Son situaciones absurdas que se han de resolver".

Mientras tanto, la tranquilidad vuelve progresivamente a Terrassa y Banyoles. En la primera localidad fracasó la convocatoria de una manifestación contra el racismo: sólo asistieron unas 50 personas.